El estado de California podría estar a punto de transformar la experiencia de compra en los supermercados con una nueva iniciativa legislativa. El proyecto, presentado por el asambleísta demócrata Jesse Gabriel, propone la creación de una etiqueta oficial denominada «California Certified» para identificar de manera clara los alimentos que no son considerados ultraprocesados.
Un sello para fomentar la transparencia
El objetivo central de la medida es brindar mayor transparencia a los consumidores. Según explicó Gabriel, el sistema se inspiraría en el modelo de certificación orgánica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). «Estamos dando el siguiente paso lógico para abordar el tema de los alimentos ultraprocesados en nuestros supermercados», declaró el legislador, enfatizando que la meta no es prohibir productos, sino fortalecer la libertad de elección e incentivar la innovación en la industria alimentaria.
Criterios y aplicación
Para obtener el sello, los productos deberán estar libres de ingredientes como potenciadores de sabor artificiales, colorantes sintéticos y niveles elevados de sodio o grasas saturadas. En cambio, se premiaría a aquellos con ingredientes mínimos y procesos de elaboración simples. La normativa establece que, para junio de 2028, los fabricantes podrán solicitar la certificación ante organismos acreditados, renovándola cada tres años para garantizar el cumplimiento continuo de los estándares.
Apoyo público y críticas de la industria
La iniciativa cuenta con un respaldo ciudadano significativo. Una encuesta de la consultora Public First reveló que más del 60% de los californianos apoya medidas para retirar o señalizar claramente los alimentos ultraprocesados en las tiendas. Expertos en salud pública y consumo, como Bernadette Del Chiaro del Environmental Working Group, ven en el sello una herramienta vital para contrastar afirmaciones publicitarias que pueden resultar engañosas.
Sin embargo, el proyecto enfrenta la oposición de cámaras industriales y fabricantes. Estos argumentan que los nuevos requisitos de etiquetado y la obligación de exhibición en lugares privilegiados representarían una carga burocrática excesiva y podrían elevar los costos operativos, impactando eventualmente en el precio final de los productos básicos.
El camino por delante
El asambleísta Gabriel se mostró firme ante las críticas, señalando que quienes defienden el statu quo actual «están completamente desconectados del público estadounidense» y de la crisis de salud pública. La propuesta se enmarca en una política estatal más amplia que ya restringe el uso de ciertos aditivos en los almuerzos escolares. Ahora, el proyecto de ley aguarda su debate y votación en la legislatura californiana, en un proceso que será seguido de cerca por otros estados y por la industria alimentaria a nivel nacional.