La magistrada Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, señaló que la medida responde a la falta de infraestructura y recursos para implementar el sistema.
La jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, se refirió a los fundamentos de su resolución. La magistrada indicó que su decisión no cuestiona la reducción de la edad de imputabilidad, sino las condiciones en las que el nuevo sistema comenzaría a funcionar.
Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, Pascual expresó que la provincia no cuenta actualmente con la infraestructura ni los recursos necesarios para afrontar un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad.
“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, afirmó Pascual en declaraciones radiales. Agregó que no desconoce la problemática de los delitos cometidos por menores, pero que su preocupación se centra en las condiciones de alojamiento y las herramientas disponibles para quienes ingresen al sistema.
“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló.
La jueza también se refirió a las críticas recibidas por su resolución y sostuvo que no se opone a que la edad de imputabilidad se reduzca a los 14 años. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, declaró.
La suspensión fue dispuesta luego de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Según la magistrada, antes de ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el régimen penal es necesario garantizar que existan establecimientos, personal especializado y recursos suficientes para aplicar las medidas previstas.
La decisión tiene carácter preventivo y se extenderá durante 60 días, período en el que la Justicia solicitará a las autoridades bonaerenses información sobre la implementación del nuevo régimen y los recursos con los que contará.