A una semana de las elecciones presidenciales en Colombia, la senadora Cabal cuestionó el apoyo del expresidente Samper al candidato del Pacto Histórico, recordando el Proceso 8.000.
La tensión entre campañas políticas y sus detractores se intensifica a una semana de la jornada electoral del 31 de mayo de 2026, en la que los colombianos elegirán al próximo presidente o definirán los candidatos para una segunda vuelta.
La senadora y exprecandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, cuestionó la adhesión del expresidente Ernesto Samper a la campaña del senador Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico. Cabal difundió en su cuenta de X un video en el que Samper convoca apoyo: «Los invito a que me acompañen. Por Iván Cepeda, ¡a la carga!. Por el cambio, ¡a la carga!. Por la justicia social, ¡a la carga!. Por la paz de Colombia, ¡a la carga! Muchas gracias».
En su reacción, Cabal declaró: «Ernesto Samper, el que se hizo elegir presidente con la plata del narcotráfico de los Rodríguez Orejuela, el del proceso 8.000, es ahora el faro ‘moral’ de la campaña de Cepeda y Petro».
El Proceso 8.000 fue la investigación que examinó el ingreso de al menos 3,7 millones de dólares del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Samper en 1994, según información de Blu Radio. La investigación se abrió formalmente el 8 de agosto de 1995 y tomó su nombre del número de expediente en la Fiscalía General de la Nación. El caso culminó con la preclusión del proceso contra Samper en la Cámara de Representantes, que el 12 de junio de 1996 votó 111 veces a favor y 43 en contra de cerrar el caso.
El núcleo del escándalo fueron una serie de audios conocidos como «narcocasetes», que salieron a la luz en 1995, según Blu Radio. En esas grabaciones se oía al periodista Alberto Giraldo conversar con Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, sobre la entrega de dinero para la campaña presidencial de Samper. El entonces fiscal general Gustavo de Greiff no abrió la investigación sobre esos audios, que inicialmente fueron entregados al entonces presidente César Gaviria. Su sucesor, Alfonso Valdivieso, que asumió el cargo en 1995, sí impulsó el caso y acusó al presidente.
Además de Samper, la Fiscalía llamó a indagatoria al exministro de Defensa Fernando Botero Zea, que había dirigido la campaña, y a Juan Manuel Avella, gerente administrativo de la misma, según Blu Radio. El 13 de diciembre de 1995, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara cerró por primera vez el proceso contra el presidente al alegar falta de pruebas. En enero de 1996, Botero Zea declaró que el presidente sí conocía el ingreso de dinero ilícito a la campaña, afirmación que Samper negó. Con base en esas declaraciones, la Fiscalía General volvió a denunciar a Samper ante la Comisión, que lo absolvió de nuevo, y el caso pasó a la plenaria de la Cámara, donde se ordenó la preclusión.
La consecuencia central del Proceso 8.000 fue política e institucional: según Blu Radio, el escándalo deterioró la confianza pública en el Gobierno y en las instituciones colombianas. El impacto también alcanzó el plano internacional, y Joseph Toft, entonces director de la DEA, declaró que en Colombia había una «narcodemocracia».