El gobierno de Estados Unidos informó que su iniciativa para detectar no ciudadanos en los padrones electorales derivó en 160 arrestos y 1.600 casos de fraude. Las cifras fueron presentadas a seis semanas de las elecciones de mitad de mandato.
NUEVA YORK (AP) — El gobierno de Estados Unidos informó el martes que su esfuerzo para identificar y procesar a no ciudadanos que figuran en los padrones electorales estatales resultó en aproximadamente 1.600 casos de fraude electoral que derivaron en 160 arrestos. La cifra fue presentada por Matthew Millhollin, alto funcionario de Investigaciones de Seguridad Nacional, durante una rueda de prensa.
Los datos se dieron a conocer seis semanas antes de las elecciones de mitad de mandato. La iniciativa fue instruida por el presidente Donald Trump y ha redirigido recursos federales y a cientos de empleados para buscar irregularidades electorales.
Las cifras quedan por debajo de las estimaciones de cientos de miles de votantes no ciudadanos que Trump y el Departamento de Seguridad Nacional habían mencionado. También representan una fracción de los más de 211 millones de votantes registrados activos en el país. Exfuncionarios electorales y expertos en derecho electoral señalan que el fraude electoral, incluido el voto de no ciudadanos, es poco frecuente.
«Han intentado fabricar pruebas de un voto generalizado de no ciudadanos, y cada vez que lo hacen, sus cifras son increíblemente pequeñas, incluso cuando están infladas», declaró David Becker, exabogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que dirige la organización sin fines de lucro Center for Election Innovation and Research. «Confirman lo que hemos sabido durante años: que los estados han hecho un trabajo extraordinariamente bueno para mantener a los no ciudadanos fuera de sus listas de votantes».
Millhollin compartió los datos de arrestos en una rueda de prensa realizada junto con el Departamento de Justicia y el Servicio Postal para anunciar cargos contra un trabajador postal de Utah por tirar más de 300 boletas enviadas por correo durante las primarias de junio en ese estado. En la misma conferencia, el subsecretario de Justicia interino Trent McCotter indicó que el Departamento de Justicia había acusado a 70 personas desde el inicio del mandato de Trump por «delitos de votación y registro ilegales».
La portavoz del Departamento de Justicia, Kiersten Pels, explicó en un correo electrónico que la cifra de 70 corresponde a los acusados formalmente por delitos de votación y registro ilegales. Los 160 arrestos, precisó, «se originan a partir de pistas de investigación sobre fraude electoral, pero muchos terminan en cargos por delitos relacionados, como afirmaciones falsas de ciudadanía o falso testimonio, más que la propia ley de votación».
Las acciones federales abarcan el periodo entre enero de 2025 y septiembre de 2026, según el Departamento de Justicia.
De cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, que determinarán el control del Congreso durante los dos últimos años de su mandato, Trump ha adoptado medidas contra el voto de no ciudadanos. Sostiene que es generalizado y que está empañando las elecciones en todo el país, pero las investigaciones muestran que es extremadamente raro.
Firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con las elecciones, diseñadas en parte para abordar el tema, y ambas están atrapadas en impugnaciones legales. También ha presionado a los estados para que utilicen una controvertida base de datos federal de votantes que un juez federal bloqueó por violar la privacidad de los estadounidenses, e intentó repetidamente que los legisladores aprobaran un estancado proyecto de ley que exige prueba documental de ciudadanía.
En un intento de última hora por buscar votantes no ciudadanos sin datos detallados de todos los estados, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó en agosto a un grupo de empleados de Servicios de Ciudadanía e Inmigración que pasaran a una investigación manual a tiempo completo de los padrones electorales estatales, según un informe de un denunciante. El denunciante señaló que la iniciativa está obligando a empleados federales a falsear su identidad en las herramientas estatales de consulta de votantes de una manera que podría violar leyes estatales. La persona también advirtió que la iniciativa se apoya en datos poco fiables que podrían implicar erróneamente a ciudadanos de Estados Unidos en documentación federal.
Funcionarios electorales estatales en Texas investigaron a votantes registrados que fueron señalados como no ciudadanos en sus padrones por la base de datos federal de votantes de Trump antes de que un juez bloqueara su uso. De los 2.724 votantes registrados, remitió 117 casos a la fiscalía general de Texas para su investigación. A mediados de septiembre, siete personas en el estado fueron acusadas de votar ilegalmente en elecciones federales o de declarar falsamente su ciudadanía. Texas tiene alrededor de 18 millones de votantes registrados.
Becker señaló que ejemplos como ese son característicos de lo que suele ocurrir cuando se investigan posibles casos de voto de no ciudadanos: las cifras reales son sistemáticamente pequeñas.
«Ningún sistema es perfecto», expresó, y agregó que no tenía conocimiento de una sola elección cuyo resultado hubiera sido alterado por el voto de no ciudadanos.
McCotter, en la rueda de prensa del martes, argumentó que incluso un número pequeño de casos de fraude puede ser significativo.
«El derecho de los ciudadanos estadounidenses a que sus votos se cuenten correctamente es vital para determinar al ganador legítimo de una elección», manifestó McCotter. «Pero las acciones de incluso un solo actor malintencionado sobre el terreno pueden socavar fatalmente esa seguridad».
Kathy Boockvar, exsecretaria de gobierno de Pensilvania, que ahora dirige una empresa apartidista de seguridad electoral, dijo que hay consecuencias reales para los funcionarios electorales cuando Trump y otros hacen afirmaciones hiperbólicas sobre votación fraudulenta.
«Mucha gente simplemente cree lo que oye, luego se comunica con los funcionarios electorales, y hoy día no tiene reparos en amenazarlos», indicó Boockvar. «Hay un efecto directo y constante aquí que lleva a alimentar el antagonismo contra los funcionarios electorales».