La Justicia de la Segunda Circunscripción de La Rioja admitió formalmente un amparo contra EDELAR y concedió parcialmente una cautelar que impide cortar el suministro a los usuarios firmantes y mantiene los valores tarifarios de referencia al presentar la acción.
La Justicia de la Segunda Circunscripción de La Rioja admitió formalmente un amparo contra EDELAR y concedió parcialmente una cautelar que impide cortar el suministro a los usuarios firmantes y mantiene para ellos los valores tarifarios tomados como referencia al presentar la acción.
La decisión alcanzó a alrededor de 200 personas de Chilecito y Famatina. La protección no se extiende automáticamente a todos los usuarios riojanos: beneficia solo a quienes suscribieron el expediente colectivo, según confirmó la diputada provincial Gabriela Rodríguez, quien acompañó el reclamo.
EDELAR es la distribuidora del servicio eléctrico en todo el territorio provincial y funciona como una sociedad anónima unipersonal. La empresa informa que el Estado riojano recuperó en 2014 la mayoría del paquete accionario del holding que la controlaba.
El conflicto comenzó con facturas que vecinos calificaron como imposibles de afrontar. En julio hubo reuniones públicas en Chilecito y en agosto más de 200 personas llevaron la presentación a tribunales. La acción pidió retrotraer valores, impedir interrupciones por falta de pago y establecer facilidades para los hogares afectados.
Rodríguez atribuyó a los usuarios casos de ingresos mensuales de entre $200.000 y $400.000 frente a boletas de $600.000 o $700.000. Esas cifras fueron expuestas por la diputada y no representan una auditoría general de toda la facturación de EDELAR.
La administración provincial había defendido que el precio de la energía se mantenía congelado y que parte del encarecimiento respondía al aumento del consumo invernal, a cambios nacionales en subsidios y a mayores costos de abastecimiento. El presidente de EDELAR, Jerónimo Quintela, sostuvo el 2 de septiembre que la tarifa provincial continuaba sin modificaciones respecto de abril y que el Estado absorbía aumentos nacionales.
La admisibilidad formal no resuelve el fondo del planteo ni declara ilegal el cuadro tarifario general. La cautelar parcial produjo un efecto inmediato sobre dos puntos: continuidad del servicio y valor aplicable a los firmantes. Los montos de $600.000 y $700.000 fueron denunciados por la diputada; la existencia de aumentos ilegales para toda la provincia no fue declarada.
El dato final pertenece al expediente: unas 200 personas de Chilecito y Famatina quedaron alcanzadas por una cautelar que prohibió interrumpirles la electricidad y mantuvo para ellas los valores tarifarios de referencia existentes cuando se inició el amparo.