La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. En sus argumentos, la magistrada negó motivaciones políticas y citó condiciones edilicias y de acceso a derechos en los centros socioeducativos. La Libertad Avanza anunció un pedido de juicio político contra la jueza.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La medida fue dada a conocer esta noche, cuando la ley contaba con 48 horas de vigencia efectiva tras su aprobación en el Congreso.
En sus argumentos, la magistrada señaló que su decisión no responde a una ideología política. “Nunca fui, ni seré Kuka. Soy garantista de la Constitución, que dice que la privación de la libertad tiene que ser la última condición”, declaró. Además, aclaró que no conoce al sacerdote José María Di Paola, conocido como padre Pepe, quien presentó uno de los habeas corpus para frenar la ley. “Nunca hablé con él”, sostuvo.
La suspensión se fundamentó en inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde se estableció un límite máximo de 60 adolescentes alojados por “no cumplirse los estándares mínimos”. Según la jueza, si bien se reconocen avances en materia edilicia, de agua potable y alimentación, se constataron faltas persistentes en el acceso efectivo a la educación, la formación profesional, el ámbito laboral y la limitación de los tiempos de aislamiento. La situación fue calificada como recurrente en diversos dispositivos de la provincia, según información aportada por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.
Pascual explicó que la medida cautelar surgió a partir de un habeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, y que ella tenía abierto otro por las condiciones de alojamiento en Lomas de Zamora. “Esta es una medida cautelar que suspendo por dos meses mientras vemos las alternativas. Yo no estoy en contra de la ley”, afirmó. También subrayó que con la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil “no se terminará la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires”.
Consultada sobre por qué la provincia no realizó las obras edilicias que considera necesarias desde marzo, cuando la ley fue registrada, la jueza respondió: “Yo no soy quien tiene que trabajar con las instituciones para ponerlas en condiciones. Los recursos no están y en la Provincia me dicen que no le mandaron los recursos para implementarlos”.
En respuesta al fallo, La Libertad Avanza (LLA) anunció que pedirá un juicio político para destituir a la jueza. En un comunicado, el partido consideró que la decisión “atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad que padecen los bonaerenses”. LLA informó que comenzó a analizar los mecanismos que puedan derivar en el apartamiento de la magistrada.
Pascual respondió: “El diputado Pareja me inició un juicio político, pero yo lo hice desde mis convicciones para lograr mejores resultados”. Por su parte, el diputado Pareja declaró: “Estamos enojados porque la política le tiene que dar respuestas a la gente, el Congreso trabajó responsablemente y cuando sale la ley, algo pasa que lo impide. Entendemos que hay prevaricato, un exceso en su administración. Está haciendo futurología. Tampoco se tomó el tiempo para ver si nos faltaba lugar para albergar a los jóvenes, porque el penal 56 de La Matanza tiene 200 posiciones libres”.