El oficialismo aceptó establecer un tope del 25% para la compra de tierras por extranjeros, en lugar de eliminarlo como proponía el proyecto original, con el objetivo de destrabar su aprobación en la Cámara Alta.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en conferencia de prensa cambios al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, también conocido como Ley de Tierras. La modificación principal consiste en mantener un límite máximo para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, fijado en 25%, en lugar de eliminarlo como establecía el texto original enviado por el Ministerio de Desregulación. El límite actual es del 15%.
Bullrich confirmó que la sesión para tratar la ley se realizará este jueves. La votación del proyecto se había suspendido en cuatro ocasiones por falta de votos garantizados.
En su exposición, la ministra señaló que el objetivo de la modificación es «eliminar los fantasmas de que se van a quedar con el agua y los recursos naturales» y afirmó que «el acceso al agua está garantizado en todas las leyes argentinas y depende de las justicias provinciales».
Bullrich también se refirió a la ley vigente sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sostuvo que «lo único que hizo fue evitar la inversión» y agregó que «la única vez que se entregó soberanía fue al gobierno chino con la instalación de una base espacial».
La ministra reconoció que el límite del 25% fue un pedido de los aliados y que fue aceptado por considerarlo «razonable». Explicó que «Brasil tiene ese porcentaje. Uruguay, Chile, Paraguay y México no tienen nada. Fue en acuerdo de nuestros aliados, y Brasil creció cuatro veces más que nosotros en capacidad productiva en el campo en los últimos 30 años».
El nuevo tope regirá a nivel nacional y provincial, pero no municipal. Según estimaciones, alrededor del 5% del territorio rural nacional pertenece a capitales o personas extranjeras, lo que equivale a más de 13 millones de hectáreas. Ninguna provincia supera el 15% de extranjerización, pero más de 30 departamentos sí lo hacen. Entre ellos, Campana en Buenos Aires (50,27%), General Lamadrid en La Rioja (56,7%), Lacar en Neuquén (54,17%) y San Carlos (59,82%) y Molinos (57,79%) en Salta. El departamento de Iguazú, lindante con Brasil y Paraguay, alcanza el 39,95%.
El nuevo borrador mantiene otros puntos del proyecto original. Se elimina la prohibición para que un mismo titular extranjero no pueda superar la compra de 1000 hectáreas en zonas núcleo o su equivalente en otras zonas. También se levanta la prohibición de comprar tierras que contengan o limiten con cuerpos de agua importantes o sean áreas de seguridad de frontera. Además, se elimina la restricción que indicaba que las personas de una misma nacionalidad no pueden poseer más del 30% del territorio habilitado. Para tierras de frontera, se mantiene el doble conforme: se requiere autorización explícita de la provincia y del Poder Ejecutivo.
En el Senado, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita 16 votos adicionales para aprobar el proyecto. Los 25 senadores de Unión por la Patria han manifestado su rechazo. La senadora Anabel Fernández Sagasti, quien se encuentra cursando un embarazo avanzado y tiene prohibición médica para realizar viajes largos, solicitó ser habilitada para votar de manera virtual.
La senadora Alejandra Vigo y los tres senadores de Convicción Federal también se manifestaron en contra. Los dos senadores misioneros votarían a favor de la norma en general, pero en contra del capítulo de Tierras. Los dos senadores santacruceños también rechazarían el proyecto. En la UCR, al menos tres de los diez senadores no votarían el proyecto.
En caso de empate, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se opone a la ley, no podrá desempatar porque estará ejerciendo la presidencia de la Nación durante el viaje de Javier Milei a Ecuador y Colombia. En la sesión, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, podrá votar y eventualmente desempatar.