La jueza federal María Servini de Cubría dispuso la suspensión del financiamiento público a 20 agrupaciones políticas que no presentaron sus balances correspondientes al ejercicio 2025, en cumplimiento de la Ley 26.215.
La Justicia Electoral, a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría, ordenó la suspensión del envío de fondos públicos a 20 partidos políticos que no presentaron sus balances correspondientes al año 2025. La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley 26.215, que establece la obligación de las agrupaciones de detallar ingresos y egresos dentro de los 90 días posteriores al cierre de cada ejercicio anual.
Entre los partidos afectados se encuentran el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa; la Coalición Cívica-ARI, de Elisa Carrió; Principios y Valores, de Guillermo Moreno; y el GEN, encabezado por Margarita Stolbizer. También figuran en el listado el Partido Libertario, Encuentro Republicano, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Autonomista, Frente Patriota Federal, Partido de La Victoria, Demócrata Progresista, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, Partido Socialista Auténtico y el Demócrata Cristiano.
Según informaron fuentes judiciales, la suspensión del financiamiento es una medida cautelar que se mantendrá hasta que las agrupaciones presenten la documentación requerida. El juzgado electoral otorgó un plazo de 15 días hábiles para que los partidos regularicen su situación. En caso de incumplimiento, la ley prevé sanciones más severas.
La titular del GEN, Margarita Stolbizer, declaró a la agencia Noticias Argentinas que la demora en la presentación del balance se debió a un cambio en el contador del partido. «Cambiamos el contador y por eso se demoró la presentación del balance», afirmó.
La Ley 26.215 establece que los partidos deben manejar sus fondos exclusivamente a través de cuentas bancarias oficiales y presentar balances anuales con los comprobantes de cada movimiento. El objetivo de esta normativa es garantizar la transparencia en el financiamiento político y prevenir el uso de fondos de origen ilícito.
La suspensión de los aportes ocurre en un contexto previo a las elecciones presidenciales de 2027, cuando los partidos suelen requerir liquidez para actividades de capacitación y campaña. El sistema de financiamiento público se combina con donaciones privadas, sujetas a topes legales.