La Junta de Educación de Florida aprobó una nueva regla que exige a los solicitantes de colleges estatales y programas de educación para adultos demostrar su ciudadanía o presencia legal en Estados Unidos.
La Junta de Educación de Florida aprobó una nueva regla que exige que quienes deseen inscribirse en colleges estatales o programas de educación general para adultos demuestren que son ciudadanos estadounidenses o que están legalmente presentes en Estados Unidos. La medida no alcanza a las 12 universidades públicas del estado.
El Departamento de Educación estatal (FLDOE) anunció el martes 30 de junio la aprobación de la regla. La norma impacta en los 28 colleges del Sistema de Florida y excluye a las 12 universidades públicas. Los solicitantes deberán declarar su estatus antes de la admisión y presentar documentación antes de inscribirse.
La segunda regla, denominada “Requisitos generales para el Programa de Educación General para Adultos”, exige que los centros de educación para adultos establezcan políticas por escrito para verificar el estatus de sus estudiantes. Estos programas preparan a los adultos para el examen de Desarrollo Educativo General (GED), que permite obtener la equivalencia de un diploma de escuela secundaria.
Durante la votación, la mayoría de los miembros estuvo de acuerdo con su implementación. Según WUSF, la disposición solo contó con la negativa de Daniel Fagonholi, nombrado miembro de la junta en 2022 por el gobernador Ron DeSantis.
La representante Anna Eskamani, demócrata de Orlando, declaró: “El intento de restringir el acceso de un niño a la educación superior basándose en un estatus migratorio que no es culpa suya es antiamericano, desleal y preocupante desde el punto de vista constitucional”.
Se espera que los cambios entren en vigor 20 días después de su presentación ante el Departamento de Estado de Florida, siempre que no se presenten retrasos. Hasta el momento, la Junta de Educación del estado no respondió a las consultas para aclarar si el término de “presencia legal” afectará a los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El senador estatal Carlos Guillermo Smith, demócrata por Orlando, afirmó: “Nuestra constitución exige que garanticen la educación de todos los niños dentro de nuestras fronteras, lo que hace que lo que están haciendo sea inconstitucional para aquellos menores debidamente matriculados”.
Shakhea Hinton, directora de desarrollo y comunicaciones de Hope CommUNITY Center, sostuvo: “Impedir que los estudiantes indocumentados asistan a la universidad, o privar a los estudiantes de secundaria de oportunidades como la doble matrícula, envía un mensaje peligroso: que algunos jóvenes merecen menos oportunidades simplemente por su estatus migratorio”.
Eskamani agregó que las reglas “contradicen la intención de la Legislatura” y “exceden la autoridad normativa del Departamento al añadir requisitos sobre el estatus migratorio que no figuran en las leyes vigentes”.