El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) comunicó este martes que el exsecretario de Organización Santos Cerdán solicitó al partido la cobertura de su defensa jurídica, pero la aseguradora rechazó el pago al considerar que los hechos investigados no estaban cubiertos por la póliza.
El PSOE ha informado este martes que el exsecretario de Organización Santos Cerdán intentó que el partido asumiera los costos de su defensa jurídica. La aseguradora del partido rechazó el pago al considerar que los hechos bajo investigación quedaban fuera del ámbito de cobertura de la póliza contratada.
Cerdán fue apartado de su cargo en junio de 2025, tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que señalaba indicios de su presunta participación en una trama de cobro de comisiones en contratos de obra pública, en el marco del denominado ‘caso Koldo’.
Posteriormente, compareció ante el Tribunal Supremo, que ordenó su ingreso en prisión provisional bajo sospecha de delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal. Permaneció detenido casi cinco meses, hasta noviembre de 2025.
En un comunicado, los socialistas indicaron que el ex número tres del partido «intentó acogerse a la póliza de defensa jurídica suscrita por el partido», pero la aseguradora rechazó asumir el costo al considerar que las acusaciones judiciales no estaban cubiertas.
Cerdán designó como abogado defensor a Bernat Salellas, exdiputado de la CUP, quien ha representado a imputados en causas relacionadas con el independentismo catalán, como el juicio del procés en el Tribunal Supremo y el caso Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional.
Además, el exdirigente socialista fue imputado recientemente en otra causa, investigada por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, que indaga una presunta trama organizada desde la sede del PSOE para obstaculizar investigaciones judiciales que afectan al partido y al Gobierno, con la participación de la exmilitante Leire Díez.
Este lunes, Cerdán negó los hechos al acudir a firmar al juzgado de Tafalla (Navarra), donde debe presentarse cada 15 días como medida cautelar impuesta por el Supremo tras su salida de prisión. «Ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo», declaró a los medios.