El gobernador Ned Lamont firmó el Proyecto de Ley del Senado 397, que prohíbe redadas migratorias en escuelas, hospitales y centros de culto sin orden judicial, y establece acciones legales contra agentes que violen derechos constitucionales.
El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, anunció la firma de una nueva ley que apunta contra los “abusos de autoridad” de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La medida permite a los residentes demandar a oficiales que vulneren sus derechos constitucionales, además de prohibir las redadas en zonas sensibles y el uso de mascarillas para cubrir los rostros.
El Proyecto de Ley del Senado 397 (SB 397), titulado “Ley sobre Democracia y Rendición de Cuentas del Gobierno”, fue impulsado por los demócratas de Connecticut. El lunes 4 de mayo, Lamont anunció la firma y declaró: “No nos quedaremos de brazos cruzados mientras agentes federales violen los derechos constitucionales de los residentes”.
La disposición crea una acción legal privada en tribunales estatales que permite demandar a agentes federales, estatales y locales cuando se determina que se violaron sus derechos constitucionales. Además, se prohíben los arrestos por parte de ICE por delitos civiles en lugares como escuelas, hospitales y centros de culto, a menos que exista una orden judicial.
En cuanto al uso de mascarillas, la SB 397 prohíbe que los agentes de la ley cubran sus rostros (con excepciones limitadas) y se les exige portar una placa o etiqueta con su nombre. También impide que agentes con menos de 480 horas de entrenamiento se conviertan en oficiales de policía. Los senadores estatales demócratas de Connecticut señalaron que los funcionarios del ICE suelen recibir solo unas 376 horas de formación.
Los legisladores demócratas agregaron que la norma “elimina la inmunidad de un agente del orden público si viola el derecho de una persona a grabar a las fuerzas del orden público mientras comete agresión, lesiones, detención ilegal, arresto falso, abuso de procedimiento o procesamiento malicioso”.
La SB 397 también otorga nuevos poderes al Procurador General y al Inspector General del Estado. El procurador general de Connecticut podrá buscar mandatos judiciales de emergencia y daños si agentes gubernamentales violan derechos fundamentales, y obtener órdenes en cinco días o menos. Asimismo, se fortalece la autoridad del Inspector General para investigar y procesar el uso de fuerza letal.
Antes de la aprobación de la ley, el senador Gary Winfield (demócrata por New Haven), presidente del Comité Judicial del Senado y uno de los redactores del proyecto, afirmó: “Este proyecto de ley es mucho más que las palabras en una página. La conversación que estamos teniendo hoy no se trata realmente del proyecto de ley. Se trata de nosotros. Durante la actual administración Trump, hemos actuado como si estuviera bien violar los derechos de las personas. Este proyecto de ley trata sobre quiénes somos como pueblo”.