Alejandro Vilches informó a la Justicia federal que la agencia pagó insumos médicos hasta 20 veces más que el PAMI y detectó facturas duplicadas, proveedores vinculados y padrones con fallecidos y detenidos. Presentó su renuncia indeclinable cinco meses después.
El interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, presentó reportes ante la Justicia federal en los que informó sobre presuntas irregularidades en la contratación de insumos médicos y ortopédicos durante la gestión de su antecesor, Diego Spagnuolo. Los documentos, fechados en octubre y diciembre de 2025 y abril de 2026, fueron remitidos al Juzgado Federal que investiga el presunto cobro de sobornos en la Andis.
Según los reportes, a los que accedió LA NACION, la agencia pagó facturas sin licitación ni compulsa previa a un grupo reducido de proveedores con vínculos familiares y societarios entre sí. La auditoría interna calificó los hechos como «irregularidades de gravedad», «sobreprecios sistemáticos» y «ausencia de procedimientos administrativos adecuados».
El relevamiento identificó a nueve proveedores de insumos médicos y ortopédicos que facturaron al Estado más de $25.661 millones: Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL, Ortopedia Bernat SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical SRL y Expo Trauma SA.
Entre los casos citados, los técnicos detectaron sobreprecios de hasta 4.239% en comparación con referencias de mercado del Ministerio de Salud. Por ejemplo, Farma Salud facturó $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter en julio de 2025, mientras que el PAMI había adjudicado ese insumo por $124,2 millones en marzo de ese año. Una endoprótesis aortobilíaca se facturó a la Andis por $369,8 millones, contra $17,85 millones pagados por el PAMI por una endoprótesis similar. Una válvula pulmonar autoexpandible costó $295,1 millones en la Andis frente a $36,4 millones en el PAMI.
En el rubro ortopédico, una silla de traslado postural facturada por Imnova en $18 millones tenía un valor de mercado de $945.000, según la referencia utilizada. Ocho sillas de Expo Trauma se facturaron por $134 millones contra una referencia de $11,27 millones. A Bymax se le atribuyó un sobreprecio consolidado de $84,1 millones, incluida una silla estándar de acero facturada en $11,5 millones que, según el informe, no supera los $500.000 en el mercado local.
En el caso de Indecomm, el relevamiento destacó seis facturas emitidas en noviembre pasado, una de las cuales fue pagada dos veces, ambas por $28.700.000. Para la intervención, «este conjunto de pagos en un mismo expediente muestra la reiteración de adquisiciones a valores elevados y en plazos muy acotados».
La auditoría también reportó vínculos entre proveedores. Artrobone e Imnova compartirían domicilio en la avenida Belgrano 609 de la Ciudad de Buenos Aires, y sus presidentes serían madre e hijo: Evangelina Ileana García y Martim Gonçalo Armella, quien a su vez figura como director suplente de Artrobone. Ese esquema fue presentado como una posible «simulación de competencia» que redundó en operaciones por $3.042 millones.
Además, se detectaron problemas en los padrones de pensiones no contributivas por invalidez: 114 titulares privados de la libertad y 178.254 personas fallecidas sobre un padrón de 1.656.641 activos a fin del año pasado.
Vilches presentó su renuncia indeclinable con efecto inmediato cinco meses después de asumir, en medio de recortes presupuestarios al área de Discapacidad. Consultada por LA NACION, declinó hacer comentarios: «No voy a hablar con nadie. Sabrá usted disculparme».
Spagnuolo y otros 18 imputados, entre ellos exfuncionarios de la Andis como Daniel Garbellini y proveedores como Miguel Ángel Calvete, afrontaron esta semana la confirmación de sus procesamientos por la Cámara Federal como miembros de una presunta asociación ilícita que habría cooptado la agencia.
Fuentes cercanas a Spagnuolo negaron cualquier responsabilidad del exdirector en estas contrataciones: «No seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra». También señalaron que «no es lo mismo comprar a largo plazo que sobre la emergencia». Daniel Garbellini rechazó haber participado en un «esquema de sobreprecios» y planteó que debía considerarse «la urgencia» en las contrataciones. La defensa de Miguel Calvete solicitó periciar los números de las contrataciones y sostuvo que el Ministerio Público Fiscal hizo «una construcción unilateral» de los precios. El abogado de Pablo Atchabahian adelantó que el lobista prepara su declaración para explicar «el tema de las licitaciones».