El acuerdo entre Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela por el control de campos petroleros venezolanos abrió una discusión en el sur de Florida. Parte de la comunidad venezolano-estadounidense reclama garantías sobre el calendario electoral en Caracas, mientras la administración estadounidense sostiene que la recuperación económica debe preceder a las elecciones.
El acuerdo petrolero anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con las autoridades interinas de Venezuela generó un debate político en el sur de Florida. El entendimiento incluye el control estadounidense de campos petroleros venezolanos y llegó a la campaña para las elecciones legislativas de noviembre en ese estado.
Según informó Politico, las consecuencias del pacto se observan a más de 2.000 kilómetros de Caracas. La discusión entre residentes venezolanos del sur de Florida no se limita a un eventual impacto en los precios de los combustibles, sino que crece la preocupación por lo que el acuerdo significa para el futuro político del país y por la ausencia de una fecha precisa para la elección presidencial.
El foco de las dudas es Delcy Rodríguez, quien continúa al frente del gobierno interino. Trump declaró que Rodríguez está haciendo un “gran trabajo” y la definió como una persona “muy respetada”. Sobre las elecciones, agregó que Estados Unidos las quiere, que Rodríguez también las quiere, pero que Venezuela “todavía no está lista”.
Funcionarios de la administración republicana sostienen que la economía venezolana debe estabilizarse antes de una elección. Su argumento es que el acuerdo puede movilizar inversiones privadas y empleo, con el objetivo de que un futuro gobierno electo enfrente una menor carga de reconstrucción. Politico reportó que esa secuencia, primero la economía y después las urnas, es cuestionada por sectores de la diáspora.
María Corina Machado cuestionó los términos del acuerdo energético y reclamó una transición democrática que conduzca a elecciones. En una declaración difundida el 3 de septiembre, la dirigente opositora afirmó que el país necesita inversión, pero sostuvo que la reconstrucción solo será sostenible con “la legitimidad y estabilidad que aporta un gobierno serio y democrático”. Machado cuestionó que el acuerdo se negocie con autoridades que, según su postura, no tienen legitimidad democrática. También pidió conocer las garantías, los mecanismos de financiamiento y los beneficios que tendrá la población venezolana a partir de la explotación de los recursos petroleros.
El pacto contempla el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, aproximadamente una quinta parte del total declarado por el país. Según CNBC, la Casa Blanca presentó el acuerdo como una operación vinculada a la seguridad energética y a la reactivación económica venezolana.
La controversia ingresó en la carrera por el Distrito 27 de Florida. El demócrata Eliott Rodriguez, candidato para disputar la banca de la republicana María Elvira Salazar, la acusó de denunciar el socialismo “hasta que su propio presidente negocia con el régimen de Maduro”, según Politico. Salazar primero cuestionó el acuerdo y sostuvo que dejaría de tener validez cuando Trump dejara el poder. Luego eliminó esa publicación y difundió otra de tono más favorable, aunque mantuvo el reclamo de elecciones y advirtió que no se puede confiar en Rodríguez.
El demócrata Rodriguez ganó la primaria de su partido y competirá contra Salazar por el Distrito 27 en noviembre, según WLRN. La elección se desarrollará en una zona de Miami-Dade donde el vínculo de muchos votantes con Cuba, Venezuela y Colombia vuelve especialmente sensible cualquier cambio en la política exterior estadounidense hacia América Latina.
Los demócratas también buscan conectar el acuerdo con la situación migratoria. La candidata al Senado Angie Nixon cuestionó las deportaciones y el fin del TPS para venezolanos durante un acto en La Pequeña Habana citado por Politico. La página oficial de USCIS indica que la extensión del TPS para determinados venezolanos se mantiene hasta el 2 de octubre de 2026 por una orden judicial y continúa sujeta a la evolución del litigio.
La discusión seguirá abierta mientras no haya una fecha electoral confirmada en Venezuela. En Florida, el acuerdo petrolero ya dejó de ser un anuncio económico y se convirtió en una variable de la campaña que definirá el mapa político del estado en noviembre.