El tribunal oral de Córdoba busca establecer la autoría del homicidio de Gabriela Pérez, ocurrido el 9 de septiembre de 2023 durante un ataque a tiros contra el Club Yapeyú. En el debate, que comenzó el martes pasado, se ventilan conexiones entre dirigentes sindicales, integrantes de la barra de Talleres y disputas por el control territorial.
El juicio por la muerte de Gabriela Pérez, de 22 años, ocurrida el 9 de septiembre de 2023, se desarrolla ante la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba, integrada por los vocales Gustavo Ispani, María de los Ángeles Palacio, Leandro Quijada y un jurado popular. La víctima, empleada de una empresa de limpieza, recibió un disparo en la clavícula izquierda mientras participaba de un almuerzo organizado por el Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) en el Club Yapeyú. Falleció horas después en el Hospital Córdoba.
La acusación señala como autor del disparo a Gustavo Omar Herrera, hermano de la víctima, de 39 años, con antecedentes penales. También están imputados Adrián Ezequiel Vallejos, alias “Petaca”, como partícipe necesario, y Luis Mendoza, quien permanece prófugo. La fiscalía sostiene que el ataque se produjo en el marco de una disputa entre el Soelsac y el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) por el control del gremio de limpieza.
Durante la presentación del caso, la fiscal Laura Battistelli afirmó: “Gabriela muere producto de una guerra sindical que no se desató el día de la muerte. Acá vemos luchas armadas, no democráticas”. También señaló que “los barrabravas son la mano de obra mercenaria”. Según la acusación, Herrera actuó como “último eslabón” de una estructura que incluía a Vallejos, quien tenía la función de “despejar del club a los que defendían” al secretario general del Soelsac, Sergio Fittipaldi.
Fittipaldi, querellante en la causa, declaró que el dirigente del Surrbac, Franco Saillén, apoyó a una lista opositora en las elecciones gremiales de 2023. También mencionó su alineamiento con los gobernadores justicialistas José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y Martín Llaryora, mientras que el Surrbac tuvo vínculos con el exministro de Economía Sergio Massa.
El viudo de Gabriela, Rodrigo Agustín Rivera, declaró que ella asistió al almuerzo porque le indicaron que, de lo contrario, perdería su trabajo. En ese momento, Pérez cumplía tareas en la residencia municipal Padre Lamónaca.
La causa incluye testimonios de integrantes de la barra brava de Talleres, conocida como “La Fiel”. Hugo “Ciego” Cardozo, identificado como número dos de esa organización, declaró que los disparos estaban dirigidos a él por haberse sumado al sector de Fittipaldi. Cardozo afirmó que recibió amenazas telefónicas y persecuciones previas al ataque.
La fiscalía también investiga la posible participación de otras personas vinculadas a la barra, como Fernando Larraonda, alias “Paisa”, y Federico Pacheco, ambos ligados al Surrbac. Según la acusación, varios barras fueron contratados como “inspectores gremiales” por el Soelsac, aunque sus funciones no fueron precisadas.
El tribunal debe determinar si los acusados son responsables del homicidio y de qué manera se organizó el ataque. La próxima audiencia está prevista para los próximos días.