La Patrulla de Carreteras de Florida publicó una solicitud de información para contratar empresas que gestionen centros de detención temporales, en el marco de los operativos migratorios impulsados por la administración estatal.
El gobierno de Florida, a través de la Patrulla de Carreteras (FHP), publicó una solicitud formal de información (RFI) para encontrar contratistas interesados en abrir nuevos centros de detención temporales. La medida se enmarca en los operativos de detención y deportación de inmigrantes que la administración del gobernador Ron DeSantis lleva adelante desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
El centro “Alligator Alcatraz”, que operaba en el estado, fue clausurado en junio. La nueva RFI, identificada como 027-27, fue emitida por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV), del cual depende la FHP. El documento no especifica si las instalaciones serán utilizadas para albergar a migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque la FHP ha colaborado con esa agencia federal en operativos previos.
La solicitud describe los centros como “una estructura o conjunto de estructuras similares a un centro de detención, compuesta por edificios, donde un contratista presta servicios residenciales seguros bajo la supervisión del gobierno de Estados Unidos para alojar a sus detenidos las 24 horas”. Cada instalación tendría capacidad para hasta 50 personas adultas.
El texto aclara que la RFI “no constituye una convocatoria para presentar ofertas” y que “los datos recopilados podrán utilizarse para desarrollar una futura convocatoria competitiva”. Además, señala que los proveedores que respondan no están obligados a participar en futuras licitaciones ni prohibidos de hacerlo.
El documento solicita recomendaciones sobre posibles ubicaciones, con preferencia por “cinco o más al sur del corredor de la Interestatal 4”, o sugerencias por condado donde sea viable construir instalaciones temporales y esté permitido por las normativas locales de zonificación, planificación y permisos de construcción y medioambientales.
Entre los temas que los participantes pueden abordar se incluyen estrategias para cumplir con restricciones de uso en instalaciones financiadas con fondos federales, recomendaciones sobre el control del terreno (priorizando propiedades estatales) e identificación de riesgos regulatorios para centros de custodia de adultos de corta duración.
La representante estatal Anna Eskamani, citada por Florida Public Media, declaró que la RFI es “un llamado a construir centros de detención con fines de lucro, pagados con el dinero de los contribuyentes, para detener a los inmigrantes”. Eskamani sostuvo que los nuevos centros podrían albergar a unos 350.000 migrantes haitianos que perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) en julio, tras un fallo de la Corte Suprema.
Ericka Gómez-Tejeda, coordinadora de la coalición “Los inmigrantes son bienvenidos aquí” del condado de Orange, pidió mayor transparencia. “Necesitamos entender o que nos expliquen cuáles son exactamente sus intenciones”, afirmó. Agregó: “Ya saben, el estado tiene un historial terrible: Alligator Alcatraz fue un desastre absoluto en materia de derechos humanos”.