El acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela contempla el desarrollo de campos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles, lo que acercaría a Washington a los niveles de reservas de grandes productores de la OPEP.
El gobierno de Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo petrolero que otorga a compañías estadounidenses acceso y derechos de producción de largo plazo sobre yacimientos venezolanos. El entendimiento tiene una vigencia de 25 años y abarca 17 campos estratégicos, ubicados en áreas como la Faja Petrolífera del Orinoco y el Lago de Maracaibo.
Según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, los campos involucrados tienen un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo. El esquema contempla alcanzar una producción de 1,5 millones de barriles diarios y proyecta más de 100.000 millones de dólares en inversión privada.
Estados Unidos cuenta con alrededor de 46.000 millones de barriles de reservas probadas, según estimaciones citadas. Si se suman los 65.000 millones del acuerdo, Washington tendría reservas propias o acceso de largo plazo a unos 111.000 millones de barriles. Esta cifra es prácticamente equivalente a los 113.000 millones de barriles de Emiratos Árabes Unidos y supera los aproximadamente 101.500 millones de Kuwait, dos integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que parte del petróleo venezolano será utilizado para recomponer las Reservas Estratégicas de Petróleo de ese país. Trump aseguró que el proceso comenzará «muy pronto», en momentos en que los inventarios estratégicos estadounidenses se encuentran reducidos.
Los derechos de producción quedarían principalmente en manos de compañías estadounidenses y una parte relevante del crudo extraído tendría como destino el mercado de ese país.
El acuerdo enfrenta interrogantes, entre ellos la seguridad jurídica de las inversiones a largo plazo y la continuidad del esquema tras la administración Trump. Según análisis citados, la posibilidad de impugnaciones legales y un eventual cambio de política energética podrían condicionar las decisiones de las compañías estadounidenses.