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El presidente electo Abelardo de la Espriella instruyó al futuro ministro de Agricultura iniciar el proceso para derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa). El Ministerio de Agricultura rechazó la medida y advirtió sobre sus consecuencias.
El presidente electo Abelardo de la Espriella instruyó al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond, iniciar el proceso de derogatoria de las resoluciones que declararon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa). La instrucción fue comunicada mediante un comunicado oficial de la Oficina de Prensa del presidente electo.
“El próximo Gobierno revisará estos actos administrativos y sus efectos sobre la producción agropecuaria, la inversión y el desarrollo de las comunidades rurales. El procedimiento se adelantará con celeridad, rigor técnico y seguridad jurídica”, señala el texto.
Según el Gobierno entrante, la decisión se sustenta en la necesidad de eliminar restricciones que, a su juicio, afectan “injustificadamente” el uso productivo de la tierra. La administración electa busca crear condiciones para generar empleo, mejorar la confianza de productores e inversionistas, aumentar la oferta de alimentos y fortalecer la economía del campo colombiano.
El Ministerio de Agricultura rechazó el anuncio mediante un comunicado. La cartera afirmó que las Appa son una figura creada para proteger el suelo rural agropecuario y garantizar la producción de alimentos en el país. Durante el Gobierno de Gustavo Petro, cerca de un millón de hectáreas en 55 municipios fueron declaradas como Appa. El ministerio sostuvo que la derogatoria “representaría un retroceso en la protección del derecho humano a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, además de afectar los derechos del campesinado y desconocer el principio de no regresividad en materia de derechos”.
Además, indicó que la derogación podría agravar la degradación de los suelos. Según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), más de 20 millones de hectáreas presentan procesos severos de deterioro. El ministerio señaló que los suelos agrícolas del 60% de los municipios tienen afectaciones.
La cartera afirmó que la protección del suelo no es una decisión discrecional, sino el cumplimiento de un mandato jurídico vigente desde hace más de cinco décadas. Citó el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 388 de 1997 como normas que establecen la obligación de conservar los suelos y delimitar áreas de producción agropecuaria.
El ministerio advirtió que la derogatoria debilitaría los instrumentos de prevención de la degradación de suelos y aumentaría la presión sobre las áreas productivas. También negó que las Appa sean “mecanismos de expropiación o de imposición de cultivos”. Aseguró que en esas zonas no se restringen actividades económicas ni se impide obras de infraestructura, y que no vulneran la autonomía territorial. “Cada declaratoria se soporta en estudios técnicos elaborados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), bajo metodologías objetivas y criterios técnicos, y se adopta mediante procedimientos que garantizan la publicidad, la participación ciudadana y la transparencia”, concluyó.