El fiscal de la Causa Sueños Compartidos solicitó la pena máxima de 6 años de prisión para el exministro Julio De Vido, el exsecretario José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, acusados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional.
El fiscal de la Causa Sueños Compartidos pidió que a los principales implicados se los condene a la máxima pena prevista, que es de 6 años. El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, son acusados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional por desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. En la misma causa, hay otros 4 imputados para los que se solicitó prisión por 4 años.
El fiscal expuso por más de 10 horas en el juicio oral que se tramita en los tribunales de Comodoro Py, en un proceso que ya entró en su recta final. El fiscal consideró que los imputados montaron un «esquema criminal» y que entre 2008 y 2011 existió un desvío de 206 millones de pesos de los 900 millones que el Estado le había asignado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Esto ocurrió durante el primer período presidencial de Cristina Kirchner.
“Nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”, afirmó el fiscal Velasco. Según el fiscal, usaron a la Fundación para eludir los controles estatales habituales, realizaron modificaciones de obras sin justificación, otorgaron beneficios irregulares a los administradores y prolongaron de manera ilícita los plazos de ejecución.
El juicio oral se tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Comenzó en marzo de este año y avanza con celeridad debido a que la causa prescribe en septiembre. También figuran entre los imputados cuatro exfuncionarios provinciales: Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin. Se investiga, entre otros delitos, si hubo sobreprecios e irregularidades en licitaciones.
Velasco, en otro tramo de su exposición, señaló que el mecanismo de contrataciones “fue manipulado en la Ciudad de Buenos Aires, el municipio de Tigre, de Almirante Brown, Ezeiza, la Ciudad de Rosario, de Santa Fe, San Carlos de Bariloche, y las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones”.