Una demanda colectiva presentada en mayo de 2026 pretende impedir que autoridades locales de Texas apliquen la ley SB 4, que permite detener y retornar a migrantes indocumentados hasta la frontera bajo órdenes judiciales estatales. La querella argumenta que la normativa contradice la Constitución de EE.UU.
Una demanda colectiva (class action) presentada en mayo de 2026 busca impedir que autoridades locales de Texas apliquen la ley SB 4, una normativa estatal que permite detener y disponer el retorno de migrantes indocumentados hasta la frontera bajo órdenes emitidas por jueces estatales. La querella, presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) en representación de personas afectadas y organizaciones defensoras de derechos civiles, argumenta que esta regulación entra en contradicción con las facultades federales en materia migratoria y, por lo tanto, contraviene la Constitución de Estados Unidos.
Según información de Reuters, el documento judicial señala que la normativa estatal permite a fuerzas de seguridad locales detener a individuos sospechosos de ingresar sin autorización. Además, jueces locales pueden emitir órdenes que obligan a personas extranjeras a abandonar el estado bajo custodia y ser trasladadas a la frontera, una competencia que tradicionalmente corresponde a tribunales federales de inmigración. La ley SB 4 también incluye sanciones penales por reingreso.
Los demandantes consideran que aplicar la normativa a nivel estatal puede derivar en detenciones prolongadas sin supervisión federal adecuada. La querella se basa en el principio de supremacía federal, que establece que las leyes nacionales prevalecen sobre las estatales en áreas asignadas al gobierno federal. Según la Constitución de Estados Unidos, el control migratorio es una atribución exclusiva del gobierno federal, respaldada por múltiples fallos de la Corte Suprema, como el caso Arizona v. United States de 2012, donde se invalidaron partes de una ley estatal similar.
Especialistas en derecho migratorio citados por Reuters han señalado que la coexistencia de sistemas estatales y federales podría generar incertidumbre jurídica, ya que los migrantes enfrentarían procesos distintos según la autoridad que intervenga. La demanda busca evitar este escenario mediante la suspensión inmediata de la normativa. El tribunal federal deberá evaluar si concede una medida cautelar en las próximas semanas.
Cabe recalcar que la querella se presentó después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. anulara el 24 de abril de este año una orden judicial previa que bloqueaba temporalmente la aplicación de la ley. Dicha anulación no abordó la constitucionalidad de la normativa, sino que se basó en que las organizaciones demandantes “carecían de legitimación para continuar con su caso”.
La nueva demanda busca corregir ese defecto procesal, afirmó Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “Todos los tribunales que han examinado el fondo de leyes como la SB 4 las han declarado inconstitucionales. La SB 4 es cruel e ilegal, y seguiremos luchando contra ella hasta que sea derogada definitivamente”, precisó.