A través de la resolución 55/2026, la Secretaría de Agricultura puso fin al Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 y eliminó el esquema de financiamiento obligatorio que sostenía a la Corporación Vitivinícola Argentina. El ministro Federico Sturzenegger celebró la medida.
El Gobierno nacional dispuso el cierre en un plazo de tres meses del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y puso fin al esquema de financiamiento obligatorio que sostenía a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). La decisión quedó plasmada en la resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, que declara cumplido el plazo del PEVI y elimina las contribuciones obligatorias establecidas por la Ley 25.849.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró públicamente la medida a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, el funcionario calificó el sistema vigente como una “aberración” y sostuvo que implicaba una anomalía en la lógica de recaudación estatal. “Eliminamos un impuesto que el Estado había regalado a los privados”, afirmó.
Según explicó Sturzenegger, durante más de dos décadas las bodegas y productores debían realizar aportes obligatorios en distintas etapas de la actividad: por cada litro elaborado de vino y mosto, por cada litro embotellado de vino, por cada litro vendido de mosto y por cada kilo de uva que ingresaba a los establecimientos procesadores. Sin embargo, esos recursos no ingresaban al Estado, sino que financiaban a la Coviar, una entidad conducida por el sector privado.
El objetivo del PEVI era posicionar a la Argentina entre las industrias vitivinícolas más destacadas del mundo, con exportaciones por US$ 2000 millones anuales y una participación del 10% del volumen del comercio mundial de vinos para el año 2020. No obstante, el balance del ministro fue negativo: “La realidad 22 años después es que las exportaciones nunca llegaron a la marca de US$ 2000 millones anuales y la participación argentina en las exportaciones mundiales se mantiene por debajo del 2,5%”.
Sturzenegger también cuestionó el uso de los recursos recaudados. “En total entre 2004 y 2025 se le sacaron al sector (lo pagamos todos nosotros) US$ 300 millones para financiar resultados que nunca llegaron”, sostuvo. Además, remarcó que el nivel de las contribuciones no se redujo pese a los resultados y que en 2024 el ajuste de la contribución superó a la inflación en 97,2 puntos porcentuales y en 2025 en 13,5 puntos.
Otro de los puntos que cuestionó fue la continuidad del programa más allá de su plazo original. El PEVI 2020 fue concebido con un horizonte temporal hasta el año 2020, pero en noviembre de ese año el Directorio de la Coviar dictó la resolución 128/2020, aprobando una “Actualización del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI 2030)”. Sturzenegger advirtió que esa prórroga no tenía sustento legal.
La resolución 55/2026 apunta a cerrar ese ciclo y establece la finalización de las contribuciones obligatorias. A partir de ahora, el financiamiento del sector deberá regirse por criterios voluntarios. “Una cámara empresaria no puede financiarse con un impuesto obligatorio recaudado por el Estado”, sostuvo el ministro. En esa línea, planteó un cambio de paradigma: “Si una bodega quiere asociarse lo hace voluntariamente, sostiene a la cámara con su aporte, y si considera que no le aporta valor, se va. Eso es libertad de asociación”.
Sturzenegger también cuestionó la falta de transparencia en el esquema anterior. “Tampoco existía transparencia ni información certera sobre el uso de los fondos que iban a parar a la Coviar”, afirmó. No obstante, aclaró que la medida no implica la desaparición de la entidad.