El Gobierno nacional oficializó la licitación para la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Será con financiamiento 100% privado y una concesión por 30 años.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva licitación para la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro, la principal estación terrestre de larga distancia del país. La medida fue oficializada a través del Decreto 273/2026, que declara de interés público una iniciativa privada y habilita al Ministerio de Economía a convocar a licitación pública bajo un esquema de concesión con financiamiento 100% privado.
En la terminal circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año, con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta, y se operan más de 300 mil servicios anuales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con todo el territorio nacional y países limítrofes.
El anuncio fue difundido por el Ministerio de Economía y replicado por el ministro Luis Caputo en sus redes sociales. El Gobierno busca presentar el caso Retiro como parte de una nueva etapa en infraestructura: inversión privada, competencia en la licitación, canon para el Estado y continuidad del servicio durante la transición.
Según el texto oficial, la iniciativa apunta a poner fin a “más de 30 años de atraso y decadencia” en la terminal y a modernizar una infraestructura clave para el transporte de pasajeros.
El decreto publicado en el Boletín Oficial precisa que la iniciativa privada fue presentada por Inverlat Investments S.A., Service Trade S.A., Inversiones Peirod S.A. y BV Investment S.A. El proyecto se denomina “Obra de remodelación, transformación, puesta en valor, operación, administración y explotación comercial del centro de transporte de ómnibus de pasajeros de Retiro y sus usos anexos”.
El plan incluye el reacondicionamiento, modernización y ampliación de la terminal, además de la mejora de los servicios de administración, mantenimiento y operación. También se prevé la incorporación de nuevas dársenas, la optimización de la circulación interna, la mejora de la seguridad y el desarrollo de espacios complementarios que serán definidos durante el proceso licitatorio.
En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que la propuesta busca transformar la Estación Terminal de Ómnibus Retiro en un “polo intermodal eficiente, accesible y contemporáneo”, con una reconfiguración funcional, nuevos servicios y una mejor integración urbana. También se menciona el objetivo de incrementar el flujo de personas y mercaderías a través de obras, servicios complementarios y explotación de áreas rentables.
La concesión será por 30 años. Durante ese período, el adjudicatario deberá asumir la totalidad de la inversión y la operación del sistema, percibirá los ingresos derivados de la explotación comercial y abonará un canon mensual al Estado nacional. El Ministerio de Economía tendrá a su cargo la elaboración de los pliegos, la convocatoria a licitación y la adjudicación.
Uno de los puntos más sensibles del anuncio es el antecedente de la actual concesión. La Terminal de Retiro es operada desde 1993 por TEBA S.A., empresa históricamente vinculada a Néstor Otero. El contrato original vencía en 2005, luego fue prorrogado en forma directa hasta 2015 y, desde entonces, la operación continuó bajo distintos esquemas transitorios. El Gobierno sostiene que esa situación derivó en un deterioro progresivo del servicio, con deficiencias de infraestructura, problemas de mantenimiento, falta de iluminación, fallas de seguridad y condiciones insuficientes de confort para los usuarios.
En paralelo, el comunicado oficial remarca que distintos gobiernos intentaron avanzar con nuevas licitaciones, pero no lograron concretarlas.
El decreto también dispone la derogación del llamado licitatorio de 2015 y establece que el operador actual continuará prestando el servicio en las condiciones vigentes hasta que el nuevo adjudicatario asuma formalmente la concesión.
El mensaje de Caputo en redes se inscribe en una línea que el ministro viene repitiendo para distintas áreas de infraestructura: sustituir el modelo de obra pública financiada con recursos presupuestarios por esquemas de concesión, inversión privada y pago de cánones o explotación comercial. En este caso, Economía remarcó que el proyecto no demandará financiamiento del Tesoro y que apunta a generar previsibilidad para grandes inversiones.
La lectura económica del Gobierno es que el ordenamiento macroeconómico permitiría recuperar confianza para encarar proyectos de gran escala sin comprometer recursos fiscales.