Los siete pedidos de juicio político contra Milei: qué son y por qué no avanzaron

Desde diciembre de 2023 se presentaron siete solicitudes de juicio político contra el presidente Javier Milei en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Ninguna prosperó. El mandatario calificó esos intentos como «golpes de Estado». Especialistas señalan que el juicio político es un mecanismo constitucional y que un golpe de Estado implica la interrupción del orden constitucional y la participación de las Fuerzas Armadas.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, se presentaron siete pedidos de juicio político en su contra en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Ninguno de esos pedidos avanzó hacia el pleno del cuerpo. El presidente Milei calificó esos intentos como «golpes de Estado» y atribuyó a esos episodios el hecho de que la inflación aún no haya alcanzado el 0%.

El primer pedido de juicio político fue presentado por organizaciones de la sociedad civil, entre cuyos impulsores se encontraba el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. La causal invocada fue «mal desempeño en las funciones» del presidente. La acusación se centró en tres puntos: el carácter violatorio de la Constitución del DNU 70/23, la instigación al delito y el desamparo de sectores vulnerables al suspender la entrega de medicamentos oncológicos.

Los pedidos posteriores estuvieron vinculados al escándalo por la promoción de la criptomoneda LIBRA. En febrero de 2025, el presidente Milei promocionó esa criptomoneda y anunció que a través de ella se podía invertir en PyMEs de Argentina. Luego se conoció que se trató de un negociado que generó perjuicio a miles de ciudadanos que compraron la criptomoneda y perdieron su dinero. El accionar del presidente, en tanto potencial delito de estafa, ameritaba una investigación de la Cámara de Diputados y un eventual juicio político en caso de corroborarse la existencia de un delito o mal desempeño.

Otras presentaciones de pedido de juicio político se vincularon a la política exterior del gobierno. En todos los casos, los pedidos no lograron avanzar. El control que ejerce el presidente sobre la Comisión de Juicio Político impidió que esta realizara el tratamiento que hubiese derivado en la llegada del juicio político al pleno de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si bien los pedidos existieron, su impacto en la agenda política fue ínfimo o nulo.

A diferencia de otros casos regionales, donde una ciudadanía movilizada salió a las calles exigiendo el avance del juicio político, en Argentina no ocurrió lo mismo. Ni siquiera en el momento de mayor debilidad de Milei, luego de la derrota en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires en septiembre, hubo una posibilidad concreta de que el juicio político pedido tras el escándalo LIBRA lograra avances concretos.

El mecanismo del juicio político, cuando se utilizó en distintos países de la región, no tuvo consecuencias a nivel económico. Los juicios políticos contra Fernando Lugo en Paraguay o Dilma Rousseff en Brasil no dispararon la inflación. Lo mismo puede decirse de las declaraciones de incapacidad moral que vienen sucediendo en la última década en Perú. De hecho, la relación es opuesta: generalmente es una crisis económica la que puede desatar una caída presidencial.

El uso del término «golpe de Estado» por parte de Milei resulta erróneo según la literatura politológica. Un golpe de Estado implica la suspensión del orden constitucional y el involucramiento de las Fuerzas Armadas para forzar la salida anticipada del presidente. El juicio político no implica una suspensión del orden constitucional. Por el contrario, supone el uso de un mecanismo presente en la normativa para desplazar a un jefe de Estado. Milei no es el primer presidente que apela al término «golpe de Estado». Se suelen usar subtipos como «golpe institucional», «golpe de mercado», «golpe blando», «golpe legislativo». En cualquier caso, implica estirar el término golpe de Estado. Si el orden constitucional no es interrumpido, no es posible hablar de «golpe».

Es cierto que el juicio político puede asumir un carácter puramente político, e incluso que se fuerce la interpretación de las leyes para llevarlo a cabo. Esto implicaría que un presidente, sin haber cometido un delito, sea destituido al perder el apoyo del Congreso, como le sucedió a Fernando Lugo. Al mismo tiempo, el carácter político de esta institución puede llevar a que el Congreso proteja a un presidente que haya cometido un delito. Sucede así en un escenario en donde el presidente logra afianzar un «escudo legislativo». Esto es lo que Milei logró al cooptar al PRO y a otros bloques provinciales.

En el caso argentino, la Constitución establece que la Cámara de Diputados podrá acusar al presidente en caso de «mal desempeño, delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes». La declaración de incapacidad es un mecanismo que se activa ante la incapacidad física o mental del presidente para continuar en el cargo. Las elecciones revocatorias son la institución que habilita a que la misma ciudadanía que le otorgó el mandato al presidente pueda disponer que ese mandato concluya antes del tiempo establecido. Este tipo de elecciones solo existen a nivel nacional en Sudamérica en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Se llevaron a cabo en dos ocasiones y en ambas los presidentes sobrevivieron a la revocación del mandato. No obstante, son un mecanismo más frecuente a nivel subnacional y municipal.