La nueva composición del Senado de Brasil, que asumirá en 2027, cuenta con al menos 49 legisladores favorables a destituir magistrados, cinco menos de los 54 votos necesarios. El STF busca abrir canales de diálogo con sectores moderados del Partido Liberal.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil evalúa estrategias para evitar procesos de impeachment contra sus ministros a partir de 2027, luego del avance de sectores conservadores en las elecciones legislativas. La preocupación se debe a que el nuevo Senado tendrá al menos 49 legisladores favorables a destituir magistrados, apenas cinco menos de los 54 votos necesarios para aprobar una destitución.
Dentro del máximo tribunal, dos jueces consideran necesario abrir canales de diálogo con los sectores más moderados del Partido Liberal (PL), que no necesariamente adhieren a las posiciones más duras de la fuerza de Flávio Bolsonaro. El objetivo es contener posibles ofensivas una vez que asuma el nuevo Congreso.
La preocupación se centra en la Cámara Alta porque su presidente tiene la facultad de habilitar o bloquear los pedidos de impeachment contra integrantes del Supremo. Con 49 senadores que defienden la destitución de magistrados, quienes impulsen esos procesos necesitarían sumar apenas otros cinco respaldos.
El escenario representa un desafío institucional para Edson Fachin, presidente del STF, quien desde comienzos de este año enfrenta un incremento de los cuestionamientos vinculados con la crisis del Banco Master.
Dentro de la Corte consideran que el problema continuará independientemente de quién gane el balotaje presidencial entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. La evaluación es que el Supremo seguirá ocupando un lugar central en la disputa política ante la consolidación de una denominada bancada anti-STF en el Congreso. Ese sector podría avanzar con proyectos destinados a reducir las atribuciones de la Corte, entre ellos iniciativas para limitar las decisiones individuales de sus integrantes y modificaciones que faciliten la tramitación de pedidos de juicio político.
Uno de los primeros momentos decisivos llegará en febrero de 2027, cuando el Congreso inicie sus actividades con la nueva composición y el Senado elija a sus autoridades. La definición de quién presidirá la Cámara Alta será seguida especialmente por el STF debido al poder que tendrá sobre los pedidos de impeachment.
La preocupación alcanza particularmente al entorno de Alexandre de Moraes, donde temen que la nueva correlación de fuerzas incluso pueda impedir que asuma la presidencia del Supremo en septiembre de 2027, cuando está previsto que reemplace a Fachin. También existen temores alrededor de Flávio Dino. Interlocutores del magistrado consideran que podría convertirse en uno de los primeros blancos de un Congreso con una fuerte presencia de legisladores alineados con el bolsonarismo.
La composición futura del tribunal agrega otro elemento a la disputa. Durante el próximo mandato presidencial deberán jubilarse Luiz Fux en 2028, Cármen Lúcia en 2029 y Gilmar Mendes en 2030. A esas vacantes se suma la que dejó la jubilación anticipada de Luís Roberto Barroso. Por ese motivo, el próximo presidente de Brasil tendrá la posibilidad de realizar varios nombramientos y modificar el equilibrio interno del Supremo. Dentro de un sector del STF advierten que una eventual victoria de Flávio Bolsonaro podría impulsar un giro hacia posiciones más conservadoras. La inquietud incluye la posibilidad de que la Corte pierda su denominado papel contramayoritario, es decir, su función de proteger derechos de las minorías establecidos en la Constitución incluso frente a decisiones respaldadas por las mayorías políticas.
Con el nuevo Congreso próximo a asumir, la relación entre el Poder Legislativo y el STF aparece así como uno de los principales focos de tensión para 2027, más allá de quién termine imponiéndose en la carrera por la Presidencia.