La escalada migratoria en Ceuta generó un conflicto político en la Unión Europea. Italia propuso expulsar a España del espacio Schengen, pero el marco legal europeo no contempla esa posibilidad.
La escalada migratoria en Ceuta provocó un choque político en la Unión Europea durante los últimos días. El cruce masivo de migrantes hacia territorio español llevó a las autoridades del bloque a revisar la eficiencia de los acuerdos de libre circulación.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, propuso expulsar a España del espacio Schengen, un acuerdo firmado en 1985. Sin embargo, el esquema jurídico de los acuerdos comunitarios descarta cualquier posibilidad legal de apartar a un Estado miembro del acuerdo sin fronteras interiores.
El espacio Schengen abarca actualmente a 29 países, incluyendo a la mayoría de los socios de la Unión Europea y naciones asociadas como Noruega, Suiza e Islandia. Este acuerdo suprime las aduanas internas entre los países participantes, permitiendo la libre circulación de ciudadanos sin controles de pasaporte en las fronteras interiores. Los controles se desplazan hacia la periferia geográfica del continente, por lo que España, Italia y Grecia conforman la primera línea migratoria del sistema.
España forma parte del acuerdo desde 1991. Las ciudades de Ceuta y Melilla, ubicadas en África, tienen un régimen de exención parcial contemplado en la Declaración Final del Acta de Adhesión. Este mecanismo permite controles documentales específicos para los residentes marroquíes de las provincias limítrofes que ingresan sin visado.
Italia acusó a España de pasividad institucional ante el aumento de los arribos. Las críticas desde Roma incluyeron pedidos de expulsión dentro del Consejo Europeo. No obstante, la legislación europea no prevé en ningún articulado la expulsión forzada o unánime de una nación firmante. El Código de Fronteras Schengen carece de mecanismos jurídicos sancionatorios que permitan suspender la pertenencia de un Estado socio.
Esta restricción legal invalida cualquier intento de aislamiento normativo contra el gobierno de Pedro Sánchez. La imposibilidad de expulsar a un socio se basa en los principios de cooperación y solidaridad vinculante.
Mientras tanto, la crisis afecta la movilidad ciudadana en la península ibérica y el resto de Europa. La reimposición de controles fronterizos internos genera demoras en el transporte terrestre y aéreo. El cierre de pasos o el endurecimiento de las revisiones aduaneras puede afectar la logística pesada, el comercio fronterizo y la circulación de trabajadores migratorios.