El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo enfrenta una plantilla insuficiente y salarios que no atraen nuevos empleados, según denuncian sindicatos. La situación afecta la supervisión de 25 millones de afiliados a la seguridad social.
La Inspección de Trabajo, organismo dependiente del Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, se encuentra desbordada ante los 25 millones de personas que componen la población activa en España. La escasez de personal, la precariedad salarial y la insuficiencia de recursos técnicos dificultan la supervisión eficaz del fraude laboral, según señalaron representantes sindicales.
La falta de personal llevó a todos los estamentos del organismo a declararse en huelga por primera vez en su historia durante 2022 y 2023. Esa movilización consiguió que el Ministerio de Función Pública reforzara ligeramente las plantillas de inspectores, pero Fernando Boró, miembro de la ejecutiva de la sección sindical de FSC-CCOO en el Ministerio de Trabajo, calificó las cifras como “totalmente insuficientes” y por debajo de los estándares internacionales.
Según el Registro Central de Personal del Ministerio de Función Pública, presidido por Óscar López, Trabajo cuenta con 3.389 efectivos en toda España, de los cuales 2.200 pertenecen al cuerpo de inspectores y subinspectores para atender a 25 millones de afiliados a la seguridad social. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda un inspector por cada 10.000 personas. Miguel Ángel Montero, portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), afirmó que en España la proporción es de un inspector por cada 15.000 personas.
Desde CCOO señalaron que los subinspectores supervisan tanto a empresas y trabajadores como a parte de la población inactiva, como jubilados que continúan trabajando mientras reciben la prestación. “Esto también es fraude, y aquí también entramos”, indicaron.
CSIF identificó como problema adicional la falta de personal administrativo, que consideran “el soporte que hace que funcione el engranaje de la inspección”. Montero explicó que el personal administrativo suele jubilarse a los 60 años porque cobra prácticamente lo mismo que trabajando, y que no entra gente nueva para cubrir las vacantes. En oficinas como las de Baleares, uno de cada dos trabajadores podría jubilarse en los próximos dos años debido a que el sueldo es insuficiente, detalló.
CCOO presentó en 2025 una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, admitida a trámite desde febrero, en la que denunció diferencias salariales entre las delegaciones autonómicas en Cataluña y País Vasco respecto al resto de España. El sindicato sostuvo que esas modificaciones se acordaron sin diálogo sindical y describió la situación general en la Inspección de Trabajo como de “bloqueo”, porque muchas condiciones laborales se imponen unilateralmente.
Ambos sindicatos señalaron que falta plantilla y medios técnicos. Aunque el Gobierno renovó y entregó equipo informático nuevo “con más frecuencia de la que sería necesaria”, los funcionarios no pueden trabajar porque la intranet “se encuentra interrumpida por mantenimiento”. “El Gobierno licitó recientemente un contrato para mejorar esta herramienta informática, pero a día de hoy solo nos encontramos con parches y fallos en el servicio”, afirmaron.