Diego José Álvarez, ex jefe de la Comisaría 7ª de Rosario y absuelto en el caso, presentó una denuncia formal ante la Procuración General de la Nación contra el fiscal federal Óscar Fernando Arrigo y el fiscal Marcelo De Giovani por mal desempeño en el trámite del legajo.
El comisario retirado Diego José Álvarez presentó una denuncia formal ante el procurador general de la Nación contra el fiscal federal Óscar Fernando Arrigo y el fiscal Marcelo De Giovani, a quienes acusa de «mal desempeño» en el trámite de la causa por la muerte de Franco Casco, ocurrida en Rosario en octubre de 2014.
El escrito, patrocinado por los abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Mazzuchini, reclama la apertura de un sumario administrativo disciplinario y pide evaluar la eventual comisión de delitos por parte de los funcionarios denunciados.
La causa, identificada como Legajo FRO 22074/2014/TO2, investigó la desaparición forzada y muerte de Casco, quien había sido detenido el 7 de octubre de 2014 por personal de la Comisaría 7ª de Rosario por resistencia a la autoridad y liberado esa misma noche, pero días después su cuerpo fue hallado en el río Paraná.
En julio de 2023, tras más de un año y medio de juicio oral, el Tribunal Oral Federal número 2 absolvió a los 19 policías y al vecino acusados, aunque esa decisión fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal a partir de un recurso impulsado por la fiscalía y las querellas.
En ese marco, Álvarez, quien fue uno de los imputados absueltos, sostiene que la actuación del Ministerio Público Fiscal estuvo «viciada» por el ocultamiento de pruebas favorables a los policías y por la introducción de afirmaciones que, según su denuncia, contradicen lo efectivamente probado durante el debate oral.
Las autopsias y la pericia
Uno de los puntos del escrito apunta a la evidencia médica. La denuncia recuerda que se realizaron cuatro autopsias sobre el cuerpo de Casco, todas coincidentes en que no existían lesiones de origen traumático, con un diagnóstico orientativo de asfixia mecánica por sumersión.
Según la presentación, el médico forense Raúl Rodríguez habría descartado torturas «porque no tengo los elementos objetivos», mientras que la histopatóloga Adriana D’Addario detectó marcadores de asfixia por sumersión en el tejido pulmonar analizado.
La denuncia remarca que el fiscal Arrigo sostuvo su recurso casi exclusivamente en la pericia de la perito de parte Virginia Creimer, dejando de lado las conclusiones coincidentes del resto del cuerpo médico forense. Según el escrito, Creimer habría reconocido durante su propio testimonio que únicamente «hablaba de generalidades» al referirse a supuestos signos de tortura, sin haber constatado personalmente esas lesiones.
La prueba testimonial
Otro eje central de la presentación es el tratamiento que el fiscal le dio a la prueba testimonial. Álvarez sostiene que, de 33 testimonios rendidos durante el juicio, 17 resultaron desincriminantes para el personal policial, pero que la acusación construyó su hipótesis casi exclusivamente sobre los dichos del detenido Pablo Arguello, «invisibilizando» al resto de los declarantes que negaron los hechos imputados.
Sobre Arguello, la denuncia señala contradicciones. Según los registros del Libro Memorándum de Guardia, el testigo se encontraba alojado en un sector distinto al que él mismo ubicó en su relato, separado por paredes que impedirían la visión directa hacia el lugar donde supuestamente estuvo Casco. El escrito también recuerda que Arguello, al ser consultado en el debate sobre eventuales beneficios a cambio de su declaración, respondió: «No me prometieron, me cumplieron».
Las versiones de la fiscalía
La presentación dedica un capítulo a lo que define como cambios sucesivos en la teoría del caso por parte de la fiscalía. Según detalla, la acusación sostuvo primero que Casco fue detenido a las 21.32 horas del 6 de octubre cerca de la estación Rosario Norte; luego, en el alegato final, ubicó la detención en una franja horaria más amplia y sin precisar el lugar; y finalmente, ante la Cámara de Casación, introdujo una tercera hipótesis basada en una comunicación radial registrada en la zona de Santa Fe y Avellaneda.
El abogado Mazzuchini afirmó: «Es la primera vez que veo un fiscal tan embanderado en una causa, pero tan embanderado al límite de deslizar mentiras como hizo en un escrito jurídico firmado».
Los videos ocultos
Entre los elementos que, según la denuncia, fueron omitidos o minimizados por la fiscalía se cuentan varios videos que mostrarían a Casco caminando por la vía pública horas después de su liberación, con pericias que habrían confirmado su identidad en esas imágenes. El escrito agrega que esos registros permanecieron «ocultos» en la secretaría de la Fiscalía Federal número 1 hasta que el propio Tribunal Oral los dio a conocer en diciembre de 2021.
El petitorio
En el petitorio, la denuncia solicita la apertura de un sumario administrativo disciplinario en los términos de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el apartamiento preventivo de los fiscales denunciados de la causa y la eventual intervención de la justicia penal por la presunta comisión de delitos contemplados en los artículos 292 y 271 del Código Penal, vinculados a la falsedad de instrumentos públicos.
La presentación, que aún no tuvo respuesta oficial de la Procuración General de la Nación, se suma a otras dos denuncias previas impulsadas por la misma defensa: una por falso testimonio agravado contra detenidos que declararon contra el personal policial, y otra por calumnias e injurias contra uno de los testigos clave del caso.
El expediente principal, mientras tanto, sigue en trámite ante la Corte tras los recursos de Casación y el Recurso Extraordinario Federal interpuestos contra el fallo que anuló las absoluciones dictadas en 2023.