Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputan la presidencia en un balotaje ajustado. El ganador deberá gestionar una crisis política, de seguridad y económica en un país polarizado.
LIMA.– El balotaje presidencial en Perú entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se presenta como una contienda reñida. Las autoridades electorales anticipan un posible recuento voto a voto y resultados demorados.
El próximo mandatario asumirá el cargo en un contexto de polarización política y geográfica. Según la analista Maite Vizcarra, citada por LA NACIÓN, “el principal reto será lograr bajar la conflictividad que empezará mañana”.
En los últimos diez años, Perú ha tenido ocho presidentes, seis de ellos destituidos. Cuatro exmandatarios se encuentran detenidos en el penal de Barbadillo. El escritor Pedro Casusol afirmó al mismo medio que “el primer reto del vencedor será no ser víctima de la vacancia”, proceso de destitución legislativa que afectó a Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jeri en esta legislatura.
En las elecciones parlamentarias de abril, Fuerza Popular obtuvo la primera minoría en ambas cámaras. En el Senado, FP tiene 22 senadores frente a 14 de Juntos por el Perú. El respaldo del trumpista Rafael López Aliaga, con 8 senadores, suma un total de 30 para la derecha sobre 60. Por la izquierda, a los 14 de JP se suman 9 de Obras y Ahora Nación, mientras que el centrista Partido del Buen Gobierno cuenta con 7 senadores. En el Congreso de los Diputados, existe un empate virtual entre los bloques mayoritarios.
El politólogo John Polga-Hecimovich declaró a LA NACIÓN: “Quien gane se enfrentará a un Congreso de centroderecha dominado por el fujimorismo. Una victoria de Fujimori le daría un control significativo sobre las instituciones, pero un rechazo masivo en zonas fuera de la capital. Una victoria de Sánchez provocaría un choque institucional entre el presidente y el Congreso desde el primer día. Sea quien sea, tendrá que desarrollar una política de seguridad integral y garantizar el crecimiento económico, evitando escándalos que han derrocado a presidentes recientes”.
La candidatura de Sánchez anunció que sus dos vicepresidentes dimitirían en caso de que él fuera destituido, para forzar nuevas elecciones. Las encuestas de esta legislatura mostraron que la presidencia y los diputados registraron las peores valoraciones históricas.
En materia de seguridad, Keiko Fujimori propuso mano dura contra los delincuentes, mientras que Sánchez prometió mayor gasto público y reformas. Casusol señaló que “en la última década se ha multiplicado la inseguridad y se ha desbordado la criminalidad. Sánchez tiene a su favor que ha anunciado que derogará las leyes procrimen”. Estas leyes, según Casusol, “debilitaron la persecución del delito, incluso derogaron la extinción de dominio y la posibilidad de hacer interceptaciones. Ahora se le tiene que avisar al criminal antes de allanarlos”.
Polga-Hecimovich advirtió que, si Sánchez resulta ganador, “debe calmar a los mercados, que reaccionarán con fuerza a su retórica radical y a sus planes de gobierno”. Sánchez modificó su programa electoral tras una alianza con otros candidatos presidenciales. Queda por definir si su primera decisión será conceder el indulto a Pedro Castillo, condenado a 11 años de cárcel por el autogolpe de diciembre de 2022.
Para Keiko Fujimori, el desafío personal sería acercarse al sur de los Andes y al mundo agrícola, que históricamente la ha rechazado. La conflictividad social en Bolivia, alentada por Evo Morales, es un ejemplo de las protestas que podría enfrentar.