El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, detalló en entrevistas con medios colombianos las estrategias que llevaron a la ciudad a registrar la menor tasa de homicidios del país, con una reducción del 25% en lo que va de 2026.
Medellín volvió al centro del debate sobre seguridad tras la publicación de indicadores del Sistema de Información de Seguridad y Convivencia (Sisc), que muestran una reducción de varios delitos y una caída significativa de los homicidios en 2026. En lo corrido del año se registraron 111 casos, cerca de un 25% menos que en el mismo período anterior, con una tasa de 4,19 por cada 100.000 habitantes y proyecciones de cierre cercanas a 9,85, muy por debajo del promedio nacional.
Además, se reportaron disminuciones en delitos como hurto, atraco, extorsión y lesiones personales, mientras la violencia intrafamiliar fue el único indicador que aumentó levemente.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, defendió en entrevista con El Tiempo que la reducción de homicidios y otros delitos responde a un modelo de gestión «delito por delito, territorio por territorio», basado en seguimiento semanal, coordinación institucional y fortalecimiento de capacidades operativas. En ese sentido, afirmó que la administración aumentó en más de 50% el presupuesto de inversión en seguridad, lo que permitió ampliar el trabajo conjunto con Policía, Ejército y Fiscalía, además de robustecer la inteligencia e investigación criminal.
Villa explicó al medio citado que la estrategia no se limita al incremento del pie de fuerza, sino a un enfoque integral que combina tecnología, análisis de datos y presencia focalizada en zonas críticas. En sus palabras, señaló que el proceso implicó una transformación institucional profunda: «nos tomó tiempo porque requería crear un modelo de gerencia de la seguridad, que todos dejaran los egos de lado y entendieran que íbamos a tratar de hacer las cosas en equipo».
Según dijo, este esquema ha permitido mejorar la capacidad de respuesta y focalizar la intervención en los territorios más complejos. El funcionario agregó que la administración ha fortalecido la infraestructura de seguridad con nuevas estaciones de Policía, comisarías y unidades especializadas, además de herramientas tecnológicas para análisis criminal y despacho de recursos. Como parte de estas acciones, destacó la creación de una central especializada contra el atraco, delito que continúa siendo una de las principales preocupaciones por su impacto en la percepción ciudadana.
Finalmente, el secretario descartó que la reducción de homicidios esté relacionada con la mesa de paz urbana de Itagüí. Sostuvo que los resultados responden a dinámicas operativas sostenidas en el tiempo y a la acción institucional, y enfatizó que cualquier acercamiento con estructuras criminales debe darse únicamente bajo el esquema del sometimiento a la justicia.
Las zonas rojas de Medellín
En entrevista con el medio El Colombiano, el secretario de Seguridad reconoció que la expansión de las denominadas «zonas rojas» constituye uno de los principales desafíos urbanos y de seguridad de la ciudad. Según explicó, en estos territorios confluyen problemáticas como el deterioro del espacio público, la presencia de economías ilegales, la habitabilidad en calle y distintas formas de explotación de poblaciones vulnerables.
Villa señaló que la administración ha venido intensificando la intervención en estos puntos críticos mediante operativos sostenidos, presencia institucional y acciones coordinadas con la Policía, el Ejército y otras dependencias del Distrito. En su intervención, insistió en que el fenómeno no puede abordarse únicamente desde el control policial, sino que requiere una estrategia integral que combine seguridad, inclusión social y recuperación urbana.
El funcionario destacó que las denominadas zonas rojas estructurales —como sectores del Centro, El Poblado, Barrio Antioquia, Prado Centro y áreas aledañas a parques y corredores comerciales— presentan dinámicas complejas donde confluyen el microtráfico, el hurto, la explotación sexual y la ocupación indebida del espacio público. A esto se suman zonas en consolidación crítica y otras en deterioro progresivo, lo que, según explicó, evidencia una expansión del problema más allá de los puntos tradicionalmente identificados.
Villa afirmó que la administración ha reforzado las capacidades operativas con más capturas, incautación de armas y drogas, y planes diferenciales de intervención en los territorios priorizados. Sin embargo, advirtió que los resultados no son inmediatos, ya que muchas de estas estructuras criminales tienen arraigo histórico y redes de control que se adaptan a la presión institucional.
