Un análisis de la consultora Audemus señala que el proyecto oficial de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias carece de exigencias de desarrollo local y ofrece beneficios sin contrapartidas verificables.
El pasado 23 de mayo de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso el proyecto de ley denominado «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias», conocido como el Súper RIGI. El texto oficial apunta de forma exclusiva a actividades económicas que hoy no existen en el país o cuyo grado de desarrollo es puramente experimental: inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica e industrialización de minerales.
Según un informe de la consultora Audemus, al leer el proyecto con atención se verifica que «no se observa ninguno de los elementos clave que aparece en cualquier estrategia de desarrollo productivo». El texto oficial no exige inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) local, ni encadenamiento productivo, ni un mínimo de empleo calificado. A cambio, «entrega estabilidad fiscal por 30 años sin contrapartidas verificables y cede la jurisdicción para resolver conflictos a tribunales arbitrales internacionales».
Tres sesgos del Súper RIGI
El análisis identifica tres rasgos críticos en el diseño del proyecto oficial: exenciones limitadas al CAPEX, estabilidad desproporcionada y ausencia de contrapartidas. La exención de derechos de importación cubre exclusivamente los bienes capitalizables del plan de inversión, dejando afuera los insumos de producción corriente. Los 30 años de estabilidad con arbitraje internacional representan el beneficio más extenso del hemisferio, contrastando con los marcos regulatorios de países vecinos como Brasil (5 años con renovación) y Uruguay (10 años). El proyecto oficial se presenta con «cero requisito» de vinculación con universidades locales, porcentajes de capacidad para el mercado interno, metas de energía renovable o eficiencia hídrica.
El informe también pone el foco sobre la exigencia de desembolsar el 20% de la inversión en los primeros dos años. Si bien este requisito ya existía en el RIGI original de la Ley Bases, Audemus señala que, en la práctica, su ejecución fue flexibilizada por el Gobierno, transformándose en un porcentaje del monto mínimo de inversión y no del proyecto total. «El RIGI se ha convertido más en una suerte de seguro a futuro para los proyectos que en un incentivo de inversión a corto plazo», afirma el documento.
Radiografía sectorial
La propuesta oficial define como «nuevas actividades» a aquellos proyectos tecnológicos o industriales con impacto transformador que no se desarrollen en el país o resulten pilotos, excluyendo expresamente la ampliación de instalaciones ya existentes. Audemus analizó que los sectores con más probabilidad de encuadrar son: data centers de IA, hidrógeno verde, GNL/plantas de licuefacción, semiconductores, electromovilidad e industrialización del cobre.
Para la consultora, la evidencia de los últimos cuatro años en América Latina demuestra que las empresas globales de frontera no se relocalizan allí donde encuentran mayores ventajas impositivas, sino en los países que exhiben «política industrial activa, empresa estatal como ancla y condiciones estructurales previas». Como Argentina carece de estas variables y el Súper RIGI no las construye, Audemus propone seis ejes urgentes de discusión para el debate parlamentario: incorporar contrapartidas vinculantes, reducir el horizonte de estabilidad, revisar la resolución de disputas, formatos para fases piloto, mitigar el impacto fiscal en las provincias y establecer mecanismos de encadenamiento local.
«La diferencia entre un enclave productivo y una inversión transformadora no es el monto: es si genera capacidades industriales y tecnológicas locales», concluye el informe.