La Legislatura de La Pampa elevó una nota formal a su par de Santa Cruz para que convoque a una sesión del Parlamento Patagónico y concrete el traspaso de la presidencia, que le corresponde desde 2025. El reclamo ocurre en un contexto de debate legislativo nacional sobre la eliminación del Régimen de Zona Fría.
La Legislatura de La Pampa elevó una nota formal a la Legislatura de Santa Cruz en la que solicita la convocatoria a una sesión del Parlamento Patagónico. El objetivo es formalizar el traspaso de la presidencia del organismo, que corresponde a la provincia pampeana desde 2025 y que Santa Cruz mantiene sin actividad desde fines de 2024.
El conflicto institucional se originó cuando venció el mandato de la última presidenta, la diputada provincial santacruceña Iris Rasgido, quien renunció a su banca para asumir en el Consejo Provincial de Educación. Desde entonces, el organismo quedó acéfalo al no designarse nuevas autoridades ni convocarse a sesiones, pese a que el estatuto establece una rotación sucesiva de la presidencia entre las seis provincias que integran la región (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) con mandatos de dos años.
“Necesitamos que la anterior presidencia, ya con mandato vencido, convoque a una sesión del Parlamento Patagónico solo para hacer la cuestión formal del traspaso”, declaró a la prensa la diputada pampeana María Luz Alonso, presidenta de la Comisión del Parlamento Patagónico en la Legislatura de La Pampa. Alonso explicó que la formalidad incluye la entrega de actas, documentación y las banderas del organismo regional. “No podemos hacer el traspaso de facto”, remarcó, y adelantó que buscarán el apoyo del resto de las legislaturas patagónicas para presionar en conjunto por la convocatoria.
El Parlamento Patagónico fue creado en 1996 mediante el Tratado Fundacional de la Región de la Patagonia, firmado en Santa Rosa por los gobernadores de las seis provincias. Su nacimiento se inscribe en la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 124 habilitó a las provincias a “crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines”. Es el primer cuerpo legislativo regional de la Argentina y, aunque no tiene facultades para dictar leyes ni reemplaza a los legisladores provinciales, constituye un espacio para el debate de problemas comunes y la elaboración de propuestas conjuntas.
La reactivación del organismo cobra relevancia en el contexto del proyecto de ley impulsado por el gobierno de Javier Milei, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y propone eliminar el Régimen de Zona Fría para las provincias, restringiendo el subsidio al gas a hogares con ingresos iguales o inferiores a tres canastas básicas totales. Si bien la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna mantendrían el beneficio pleno, la medida ha generado reacciones en las provincias patagónicas.
Desde Santa Cruz, fuentes de la Legislatura indicaron que se busca “regularizar las autoridades y actividades parlamentarias” de acuerdo con el reglamento vigente, considerando el tiempo transcurrido sin convocatoria a sesiones y el vencimiento del periodo de las autoridades actuales. La Cámara de Diputados de esa provincia recibió la nota formal pampeana y, según trascendidos, se estaría trabajando para concretar el traspaso.
En agosto de 2025, legisladores de las seis provincias patagónicas firmaron un comunicado conjunto en el que señalaron que la Casa Rosada lleva adelante una “demolición planificada del desarrollo federal” y una “estrategia deliberada de reconfiguración del Estado que socava los pilares del federalismo, la soberanía nacional y el desarrollo equitativo de las regiones”. El documento expresó el “categórico repudio” a la política de “desarticulación estatal y transferencia regresiva de recursos” impulsada desde el Poder Ejecutivo nacional, y denunció medidas como la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el INTA, así como el cierre de sucursales del Banco de la Nación Argentina. También rechazó la eliminación de subsidios al gas en zonas frías, la interrupción de la obra pública, la privatización de empresas públicas como Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino, y los recortes en universidades nacionales.
El abogado constitucionalista Hugo Prieto, exconstituyente de 1994 y uno de los impulsores de la creación de las regiones en la reforma constitucional, afirmó: “El Parlamento nació con la idea de tener una representación plural de las distintas Legislaturas. Este tipo de mecanismos de intercambio de ideas políticas son saludables para la vida democrática. Sobre todo en una región, como la Patagonia, que tiene características e intereses comunes y un extenso territorio. Debatir, aunar políticas y deliberar es muy positivo así que, si está en el freezer, ojalá que pronto se lo saque porque son tiempos en que hacen falta mecanismos de diálogo y no solo de confrontación”.