Las autoridades belgas solicitaron la extradición de la influencer peruana Nadeska Widausky por presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y explotación. Un programa de televisión difundió un organigrama de la supuesta organización criminal, que incluye a Junior Polo García como presunto líder y a Celeste Lozano Sullón, exMiss Perú Trans 2019, como parte de las actividades operativas.
El caso de la modelo Nadeska Widausky continúa su curso judicial luego de que las autoridades de Bélgica formalizaran un pedido de extradición en su contra por presuntos delitos vinculados a trata de personas, proxenetismo y explotación.
En la edición del programa ‘Ocurre Ahora’ se presentaron nuevos detalles del caso. Durante la audiencia judicial, Widausky se mostró visiblemente afectada y se refirió a su madre y a su hijo, señalando que ambos dependen económicamente de ella.
“Jamás nunca me he metido a ninguna red criminal. Jamás nunca he captado a personas para prostitución o para proxenetismo”, afirmó la influencer frente al juez. También sostuvo que las autoridades no han presentado pruebas que demuestren su participación en los delitos imputados.
Según la documentación difundida por el programa, el principal actor de la presunta red sería Junior Polo García, quien estaría a cargo de la captación, el transporte, los flujos financieros y la gestión de perfiles en línea. Sus movimientos migratorios registran ingresos y salidas hacia España, Holanda y Francia.
Otra figura mencionada fue Celeste Lozano Sullón, conocida como Celeste Rivas Plata, quien ganó notoriedad tras convertirse en Miss Perú Trans 2019. “Celeste Lozano Sullón participa en las actividades operativas, lo que comprende la captación y la prostitución”, indicó el programa. Según la investigación, Lozano habría estado presa un mes en Bélgica en 2023, acusada de proxenetismo.
De acuerdo con información de Interpol, Widausky tendría un rol específico dentro de la organización: captar mujeres peruanas para trasladarlas a Europa, principalmente desde la ciudad de Tarapoto, en la región San Martín.
El documento de alerta roja internacional también incluye a otras cuatro personas que cumplirían funciones relacionadas con perfiles digitales y transacciones financieras presuntamente ilícitas.
La decisión final sobre la prisión preventiva y la extradición quedará en manos del juez Adolfo Farfán.