El Gobierno nacional reemplazó la prohibición de vapeadores y dispositivos de tabaco calentado por un sistema de regulación, lo que generó un fuerte rechazo de organizaciones médicas y de salud pública, que advierten sobre riesgos para adolescentes y jóvenes.
La decisión del Gobierno nacional de reemplazar el esquema de prohibición por un sistema de regulación para vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina abrió un profundo cruce con las principales organizaciones médicas y entidades de salud pública. Estas denuncian un “retroceso sanitario” y alertan sobre el impacto que la medida podría tener entre adolescentes y jóvenes.
La polémica se desató tras la publicación de la Resolución 549/2026 del Ministerio de Salud y la Disposición 2543/2026 de la Anmat, que habilitan la comercialización de estos productos siempre que estén registrados y sometidos a controles de trazabilidad y composición. Hasta ahora, los cigarrillos electrónicos estaban prohibidos en Argentina, mientras que los dispositivos de tabaco calentado permanecían prácticamente fuera del mercado formal.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es “ordenar un mercado que ya existe”, combatir el contrabando y establecer estándares mínimos de calidad y fiscalización. También argumentan que la regulación permitirá controlar ingredientes, limitar concentraciones de nicotina y restringir formatos considerados especialmente atractivos para menores, como los vapeadores descartables y los saborizantes frutales. Solo podrán comercializarse líquidos con sabor a tabaco y bolsitas de nicotina en variantes de tabaco o mentol.
La respuesta de sociedades científicas y ONG fue inmediata. En un comunicado conjunto, entidades como la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y la Fundación Interamericana del Corazón Argentina reclamaron suspender la aplicación de la norma hasta realizar una evaluación sanitaria integral e independiente.
Las organizaciones sostienen que la nueva regulación “abandona el principio precautorio” y favorece la expansión de productos adictivos cuya seguridad a largo plazo aún genera controversias científicas. También cuestionan que no haya existido una instancia formal de consulta pública previa a la decisión oficial.
Mario Bedosti, coordinador del área de incidencia de FIC Argentina, advirtió que “se debilitan los estándares de protección sanitaria” y puso en duda la capacidad del Estado para fiscalizar el nuevo esquema regulatorio. Datos de Sedronar indican que el 35,5% de los adolescentes de entre 13 y 17 años aseguró haber probado cigarrillos electrónicos alguna vez, mientras que el 16,7% reconoció haberlos utilizado en los últimos treinta días. Además, un 3,4% declaró consumir bolsitas de nicotina.