El máximo tribunal penal rechazó, por mayoría, el pedido de nulidad presentado por la defensa del escribano Santiago Busaniche, investigado por presuntas presiones y extorsión a empresarios junto al exjuez Marcelo Bailaque.
La Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, confirmó este jueves el avance de la causa contra el escribano santafesino Santiago Busaniche, acusado de haber actuado como operador judicial en un esquema de presiones y extorsión a empresarios, junto al exjuez federal Marcelo Bailaque y otros imputados.
La defensa de Busaniche había solicitado la nulidad de la investigación, argumentando que no fue debidamente notificado de la decisión que declaró el caso como “complejo” y que amplió el plazo para que la fiscalía formalizara la acusación. Según la defensa, la notificación se realizó por correo electrónico sin las formalidades exigidas por la ley, y el imputado no pudo participar de la audiencia correspondiente.
Por dos votos contra uno, los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci rechazaron el planteo, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia a favor de la nulidad.
Mahiques reconoció que la notificación “no cumplió con todas las formalidades” previstas en el Código Procesal Penal Federal, pero señaló que la defensa admitió haber recibido el correo y dejó pasar meses sin impugnar la decisión. Sostuvo que “no puede afirmarse sin riesgo a incurrir en un exceso formal que las deficiencias expuestas hayan afectado derechos o garantías del imputado”.
Yacobucci, por su parte, coincidió con Mahiques y agregó que el Código no prevé una nulidad como la pretendida, y que el caso involucra “hechos de notoria gravedad institucional” vinculados a “conductas corruptas de altos magistrados” y “criminalidad organizada y narcotráfico”, lo que implica compromisos internacionales del Estado argentino.
En disidencia, Borinsky sostuvo que por “motivos exclusivamente formales” se privó a la defensa de Busaniche de cuestionar la declaración de complejidad, y que no tuvo “la oportunidad útil de intervenir”.
La investigación continuará su curso en el fuero federal de Rosario.