La diputada nacional Marcela Pagano solicitó la detención de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, acusándolo de intentar presionar a un testigo clave en la causa por enriquecimiento ilícito. El pedido se basa en la doctrina Irurzun.
La causa que investiga el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tuvo un nuevo giro. La diputada nacional Marcela Pagano presentó un escrito judicial solicitando la detención inmediata del funcionario, a quien acusa de intentar manipular a un testigo clave antes de su declaración.
Según la denuncia de la legisladora, Adorni habría contactado al contratista Matías Tabar a través de WhatsApp, ofreciéndole “ayuda” a cambio de modificar su testimonio. El contacto ocurrió el mismo día en que Tabar debía declarar ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Pagano sostiene que el funcionario intentó borrar los mensajes intercambiados.
Para fundamentar su pedido, Pagano invocó la “doctrina Irurzun”, un antecedente jurídico utilizado entre 2017 y 2018 para mantener detenidos a exfuncionarios del kirchnerismo. Esta doctrina sostiene que las personas con poder en ejercicio pueden obstaculizar la labor judicial, lo que justificaría la prisión preventiva.
Durante su declaración de tres horas, Tabar afirmó haber recibido 245.000 dólares en efectivo de manos de Adorni por reformas en su propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Los trabajos incluyeron pisos, paredes, cocina, baños, pileta y cascada, sin facturación de por medio. El contratista aseguró que el pago fue en efectivo y directo.
Desde el entorno de Adorni desmintieron los montos y adelantaron que pedirán una pericia técnica sobre la propiedad. Sostienen que el valor de la casa no alcanza esa cifra. Originalmente, Adorni había reportado la compra del inmueble por 120.000 dólares, tras omitirla en su primera declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
El pedido de detención de Pagano, quien llegó al Congreso por La Libertad Avanza pero mantiene distancia con el círculo del presidente Javier Milei, marca una ruptura dentro del oficialismo. La decisión ahora queda en manos del fiscal Pollicita y del juez a cargo, quienes deberán evaluar la denuncia y los testimonios.