La Sala IV de la Cámara de Casación Penal dispuso avanzar con la ejecución de bienes inmuebles de la ex presidenta, sus hijos y el empresario, en el marco de la causa Vialidad, para resarcir al Estado nacional.
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal ordenó avanzar con la ejecución de 111 propiedades vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. Se trata de un fallo patrimonial en el marco de la causa Vialidad, que busca reparar el daño económico causado al Estado nacional por fraude en la obra pública.
Entre los bienes a decomisar se encuentran terrenos en El Calafate, complejos de departamentos, estancias patagónicas y el hotel boutique Los Sauces Casa Patagónica, lindante a la residencia familiar en El Calafate. Este hotel llegó a estar alquilado por 90.000 dólares mensuales. También se incluye un complejo de once departamentos en Río Gallegos y otros terrenos en Punta Soberana.
El Tribunal Oral Federal 2 estableció que el monto total a resarcir mediante el remate de estos bienes asciende a 684.990 millones de pesos. Los jueces remarcaron que la pena solo adquiere eficacia institucional si logra neutralizar el beneficio económico obtenido ilícitamente.
Lázaro Báez será el mayor afectado, con 84 propiedades a su nombre. Entre ellas se destaca la Chacra 39, de 14.250 metros cuadrados, que cuenta con quinchos, cancha de fútbol, gimnasio, hidromasajes y un invernadero. También se incluye la estancia «Los Gurises» y decenas de casas, cocheras y terrenos en El Calafate y Río Gallegos.
Esta ejecución se suma al remate de otras 40 propiedades ordenado por el juez Néstor Costabel en el marco de la causa «La Ruta del Dinero K», por un decomiso de 55 millones de dólares. El destino final de los bienes será definido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que podrá asignar los recursos en favor de la ciudadanía santacruceña.