Inquilinos Agrupados advierte que la iniciativa oficial, que busca agilizar los procesos, establecería el régimen «más agresivo» de la región y podría generar un «combo letal» en el contexto económico actual.
La organización Inquilinos Agrupados manifestó su oposición al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional. Según la agrupación, la iniciativa propone un esquema de «desalojos rápidos» sin precedentes en América Latina.
«El proyecto establece el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», afirmó Gervasio Muñoz, referente de la organización, tras un análisis comparativo con legislaciones de otros países. El informe señala que ningún país combina plazos tan cortos con un nivel tan bajo de garantías para el inquilino.
El proyecto, presentado el 27 de marzo por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comenzó a debatirse la semana pasada en un plenario de comisiones del Senado. El oficialismo indicó que no habrá dictamen al menos hasta la próxima semana.
El objetivo declarado de la iniciativa es «eliminar restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad, fortalecer su protección y profundizar en el camino de promover la seguridad jurídica». La reforma propone cambios integrales, incluyendo modificaciones en los procesos de desalojos, para que todos pasen a tramitarse mediante juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino.
Inquilinos Agrupados sostiene que estos cambios inclinan la balanza de manera decisiva hacia los propietarios. Muñoz destacó que no se contempla una «segunda oportunidad» para frenar el desalojo pagando la deuda. «El Gobierno quiere que se vote una ley en donde si una familia se atrasa tres días en el pago del alquiler es desalojada de inmediato», afirmó.
La crítica también vincula el proyecto con el contexto económico y la dinámica del mercado de alquileres. Según Muñoz, se configura un «combo letal» para los inquilinos, al sumarse contratos más cortos, condiciones más flexibles para propietarios y un deterioro del ingreso real. Paralelamente, anticipó que «cuando esto genere consecuencias, otro gobierno va a tener que volver a impulsar una ley de alquileres».
Mientras el Gobierno apuesta a acelerar los desalojos como una señal hacia los propietarios, los inquilinos advierten sobre el posible costo social inmediato.