La publicación de los nuevos salarios del Poder Ejecutivo para 2026, con incrementos superiores al 120%, desató reacciones y comparaciones con los ingresos del resto de la administración pública y el sector privado.
La filtración de las nuevas escalas salariales del Poder Ejecutivo para el año 2026 puso el foco en la recomposición de los ingresos de los altos funcionarios del Gobierno. Los datos, publicados mediante el DNU 931/2025, muestran aumentos significativos para ministros, secretarios y subsecretarios en el primer semestre del año.
Según la información oficial, un ministro que en diciembre de 2025 percibía $3.584.006, pasó a cobrar $7.129.501 en enero. Para el mes de mayo, el salario básico proyectado para los ministros alcanzaría los $8.020.866, lo que representa un incremento del 123% en cinco meses. El esquema establece que estos salarios se actualizarán conforme a los parámetros de la administración pública nacional.
Desde el Gobierno se argumentó que la medida responde a la necesidad de retener funcionarios ante una pérdida de personal hacia el sector privado, en un contexto de congelamiento salarial previo. El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvieron sus sueldos sin cambios.
La polémica surgió al comparar estos montos con el salario promedio de los trabajadores registrados, que ronda los $1,6 millones según el RIPTE, y con los sueldos de base dentro del propio Estado, que se ubican por debajo de esas cifras. La medida generó reacciones en el ámbito político, incluyendo críticas públicas de figuras como la exlegisladora Ofelia Fernández.
La controversia también se extendió a la comparación con los salarios del Poder Legislativo. Mientras los senadores nacionales, con actualización automática, superarán los $11,6 millones brutos a partir de mayo, los diputados nacionales perciben actualmente alrededor de $7,3 millones, al no contar con el mismo mecanismo de ajuste.