El 24 de marzo de 1976 marcó un punto de inflexión en la historia argentina. Ese día, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón, sumiendo al país en una dictadura que se prolongaría por siete años. Si bien los golpes de Estado no eran ajenos a la región ni a la propia Argentina, el régimen instaurado trascendió la mera toma del poder para implementar un sistema de represión sin precedentes en su metodología y escala.
El salto cualitativo: del golpe al terror sistemático
Lo distintivo de la última dictadura militar no fue la interrupción del orden democrático, un hecho recurrente en el siglo XX latinoamericano. La novedad radicó en la instauración de un aparato estatal diseñado para el terror. La desaparición forzada de personas, la creación de una red de centros clandestinos de detención, la tortura como práctica sistemática, el robo de bebés y los vuelos de la muerte constituyeron un programa de aniquilación. Este plan requirió una compleja logística, cadenas de mando y, sobre todo, una convicción en quienes lo ejecutaban.
La pregunta filosófica: ¿cómo se normaliza lo abominable?
Este es el núcleo del problema que trasciende lo político. La cuestión central ya no es solo por qué ocurrió, sino cómo una porción significativa de una comunidad puede organizarse para suprimir la humanidad del otro. No se trató de actos aislados de violencia, sino de una maquinaria burocrática donde la tortura era una rutina laboral y el asesinato, un trámite administrativo. La reflexión apunta a comprender cómo personas comunes pueden cometer actos monstruosos sin percibir su monstruosidad, e incluso, en algunos casos, con entusiasmo.
La coartada de la inevitabilidad y la responsabilidad moral
Frente a estos hechos, una defensa recurrente es la ausencia de alternativas. Los perpetradores suelen invocar la obediencia debida o un contexto de guerra que no habrían elegido. Sin embargo, desde la filosofía moral, pensadores como Harry Frankfurt han planteado un argumento decisivo: la responsabilidad no depende de tener opciones, sino de actuar conforme a la propia voluntad. Quien actúa según sus deseos, aunque no pudiera haber hecho otra cosa, es moralmente responsable. Este razonamiento desarma la excusa de la obediencia ciega, devolviendo la agencia a los individuos.
Una advertencia vigente: el mecanismo no es un accidente
La conmemoración del 24 de marzo no es un mero ejercicio de memoria. En un contexto global donde el autoritarismo gana terreno, las instituciones democráticas se erosionan y el discurso público degrada al adversario, el mecanismo de deshumanización se reactiva. No se trata de equiparar épocas, sino de reconocer que la capacidad para negar la dignidad del otro es una posibilidad latente en la política. La distancia entre la palabra que estigmatiza y el acto que destruye es más corta de lo que se cree.
La frase «Nunca Más», consagrada en el informe de la CONADEP y en el alegato del fiscal Julio Strassera, mantiene su fuerza como un imperativo ético. Su vigencia reside en recordar que la defensa de la democracia y los derechos humanos exige una vigilancia constante contra los mecanismos que, en cualquier tiempo o lugar, buscan justificar lo injustificable.