La reforma previsional ya comenzó. El gobierno aseguró que la dejaría para más adelante, pero incluyó bases fundamentales en el proyecto de ley de reforma laboral que presentó este jueves en el Congreso: un desfinanciamiento de la Anses, y una transferencia millonaria de recursos desde los trabajadores a los grandes empresarios. Un salto en la desigualdad.
El Ejecutivo pretende darle un tratamiento exprés al proyecto, de apenas una semana, para ser votado en el Senado, y luego en Diputados. Este apuro deja en evidencia que “algo” se quiere ocultar, y más si se trata de una reforma histórica, de crucial importancia, como dicen Adorni, Sturzenegger y el propio Milei, que requeriría transparencia, explicación, participación social, debate público, un tiempo de maduración.
Más precisamente, la urgencia confirma que el texto con casi 200 artículos no tiene ni un párrafo favorable a los millones de trabajadores, sino que se trata de un plan de guerra del capital sobre el trabajo. Son muchos los flancos abiertos con el que pretenden incrementar las ganancias de los dueños de la Argentina en base a un “costo cero” laboral: libertad para despedir con un nuevo régimen de indemnizaciones, ataques al derecho de organización sindical y de huelga, liquidación de la ultraactividad de los convenios colectivos, extensión de la jornada laboral, imposibilidad de disponer de tus vacaciones, entre otros aspectos que fueron analizados en este medio por Lucho Aguilar.
Estas reformas son por sí mismas inaceptables, un retroceso de un siglo en las conquistas arrancadas con la lucha a la clase capitalista. Sin restar importancia a ello, queremos destacar que pasó casi desapercibido en los medios un aspecto también de fundamental importancia: el desfinanciamiento sistemático de la caja de los jubilados y del sistema solidario de reparto.
La destrucción del sistema previsional
El desfinanciamiento de la Anses y del PAMI que está inscripto entre líneas en la mal llamada “ley de modernización laboral” se lleva adelante con un arsenal de medidas. En un cálculo rápido se estima que significan una pérdida de más de U$S 6.000 millones al año, o un punto del PBI, e incluso podría ser aún más grave.
La principal medida que afecta la recaudación a la seguridad social es la rebaja de 3 puntos en las contribuciones patronales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), es decir, de la parte que los empleadores tributan al sistema para cubrir las jubilaciones y demás prestaciones (asignaciones familiares, PAMI, seguro por desempleo). Esto representa una pérdida de recaudación de las contribuciones del 16%, o en la visión de quienes redactaron el proyecto, una “ganancia” que va directamente a las patronales.
Se trata de mucho dinero, un fuerte desfinanciamiento. De acuerdo a un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los aportes y contribuciones a la seguridad social constituyeron en 2024 el 54% de los recursos de la Anses de los cuales 2 de cada 3 pesos son contribuciones y un tercio aportes. El resto es recaudación por impuestos y rentas de la propiedad. Dentro de ese rubro, las contribuciones implican el 65%.
En la actualidad la mayoría de los empleadores paga un 18% de contribuciones por los trabajadores que tiene formalizados, y una minoría (cerca de un 15%) paga 20,40%, aunque por los múltiples regímenes de promoción y beneficios a los que acceden, lo que efectivamente terminan pagando termina siendo menor. Con la reforma laboral pasarían a pagar 15% y 17,40% respectivamente, una disminución de 3 puntos en cada caso.
Es interesante recordar que antes de las reformas de los años 1990 las contribuciones patronales alcanzaban un total de 27%. Posteriormente con las reformas de Cavallo y Menem y sucesivas modificaciones, se fueron reduciendo, sin que ningún gobierno las restablezca.
Cabe aclarar que este beneficio es genérico a todos los empresarios y para todo el empleo existente, sin importar si son micro o pequeñas empresas, ni es para generar nuevo empleo. Es una reducción lisa y llana. Un regalo.
Pero también hay otro regalo para quienes, en teoría, incorporan empleo registrado: más reducción de contribuciones, con el “Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral” (RIFL). En este caso, llevan las alícuotas directamente a 5% por dos años.
Y por si fuera poco, a la reducción de contribuciones se suma el traslado a la ANSES del costo de las indemnizaciones con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que viene a reemplazar el sistema de compensación por despidos actual. Los empleadores deducirán del 15% o del 17,4% (según el caso) que pagan de contribuciones el 3% que cotizan con destino al fondo de indemnizaciones. Es, en los hechos una rebaja adicional del 3%, o directamente el “costo cero” de las indemnizaciones. Pero alguien deberá pagarlas.
De igual forma, reducen de 6% a 5% el pago de los empleadores a las obras sociales. Son los propios trabajadores que de ahora en más deberán afrontar ese 1% faltante.
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Se trata de la antesala de reformas “de tercer orden” que también preparan a la medida del gran capital: con la quiebra del sistema previsional se deriva la imposibilidad de pagar prestaciones (y más aún, de aumentarlas) y se empuja a un aumento de la edad jubilatoria. Un camino que conduce directamente al sistema de capitalización (símil AFJP que fracasó en los ´90) con el que las financieras preparan un nuevo negocio.
“Degenerados fiscales”
El gobierno dijo que “no hay plata” para aplicar las Leyes de emergencia en Discapacidad, de Emergencia Pediátrica (Hospital Garrahan) y de Financiamiento Universitario, y vetó dos veces la ley que otorgaba un mínimo aumento a los jubilados. Plantea que dichas leyes no previeron correctamente “cómo se iban a pagar” semejantes “atrocidades aberrantes” como la salud, la educación y la previsión social, que, en teoría, afectarían el venerado “equilibrio fiscal”.
Parece que los abogados de las grandes empresas y multinacionales que escribieron la ley laboral en cuestión son ahora “los degenerados fiscales”. Porque no previeron la forma en que se va a financiar ahora eso que ellos mismos desfinancian: la Anses y el PAMI. La pasión por el “equilibrio fiscal” faltó a la cita.
Podría decirse lo mismo de Luis Caputo, que en esta semana salió sorpresivamente a anunciar una rebaja de las retenciones a las exportaciones para el agropower y las patronales agrarias de aproximadamente un 8% en soja y subproductos, trigo, maíz, cebada, sorgo y girasol. El cálculo anual indica que el fisco dejará de recibir aproximadamente U$S 530 millones al año gracias a esa medida. El costo lo paga el ajuste del gasto público y los bolsillos de las mayorías trabajadoras.
Hay un aspecto ideológico en la medida, es cierto, su base de votantes está compuesta en gran medida por “el campo”. Incluso aunque con el tipo de cambio actual, y aún con elevados precios internacionales y las distintas rebajas de retenciones que le concedió Caputo (y anteriormente Massa), “el campo” no esté teniendo un excelente resultado en materia de rentabilidad como le gustaría con un gobierno de su tinte liberal.
El grupo GERES por ejemplo analizó que el índice de tipo de cambio exportador (soja) se encuentra muy lejos de los niveles que implicaran las «devaluaciones selectivas» (como los “dólar soja”) o el salto devaluatorio de diciembre de 2023.
Tras la reciente baja de retenciones, el índice de tipo de cambio exportador (soja) aumenta ligeramente. No obstante, se encuentra muy lejos de los niveles que implicaran las «devaluaciones selectivas» (PIE) o el salto devaluatorio de dic 2023. Esto con inferior precio en Chicago pic.twitter.com/bycam5i4Ra
— GERES (@Economiageres) December 10, 2025
Pero Caputo actúa siempre por pragmatismo: necesita urgente que los agroexportadores liquiden los granos cuanto antes para que ingresen dólares. Las reservas netas se encuentran negativas en el orden de U$S17.000 millones, muy lejos del -U$S3.000 millones acordados en la meta con el FMI. Particularmente el problema es que el Gobierno necesita dólares para pagar los vencimientos de deuda de enero, por unos U$S 4700 millones en enero.
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La desesperación es total. ¿La emisión de deuda más cara de la historia?
No está chequeado, pero no debe estar lejos de ser uno de los endeudamientos más caros de nuestra historia, sólo posiblemente superado por él mismo. Caputo emitió este miércoles un bono en dólares, con legislación local, con una tasa anual de 9,3%.
Se presentó como exitoso porque logró colocar U$S 1.000 millones y en teoría, que el gobierno logró “volver a los mercados de crédito”, aunque dista de ser así y todos en “los mercados” lo saben (no logran bajar el riesgo país ni colocar deuda externa).
La desesperación por conseguir dólares para pagar la deuda es total. El gobierno sigue sosteniendo con pinzas un modelo insostenible, bancado por el gobierno de Trump, el capital financiero internacional y la clase capitalista local que, a pesar de verse afectada por el “dólar atrasado” y la apertura importadora, elige apoyar al gobierno que promete ir a fondo contra la clase trabajadora.
De lo que se trata es de enfrentarlos con la fuerza arrolladora de quienes mueven las palancas de la economía, superar la complicidad y traición de las burocracias sindicales e imponer un verdadero paro general plan de lucha hasta derrotarlos.
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