El Perú vive una coyuntura marcada por la descomposición política del régimen y la profundización de la barbarie social. Dos hechos recientes, que a primera vista podrían parecer desconectados, nos revelan la verdadera naturaleza del Estado peruano y su servidumbre al capital: la promulgación de la ley de amnistía que exime de toda responsabilidad penal a militares y policías responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura fujimorista, y la escalada del crimen organizado que somete a barrios enteros y sectores laborales —como el transporte— a la extorsión sistemática. Ambos procesos no son fenómenos aislados: son expresiones de un mismo orden social basado en la impunidad, la corrupción y la violencia estructural contra el pueblo trabajador.
La ley de amnistía aprobada por el Congreso y promulgada por el gobierno de Boluarte es un pacto de impunidad abierto, que consagra la memoria oficial del régimen: los crímenes de Estado cometidos en las décadas de 1980 y 1990 no merecen justicia, ni las víctimas derecho a reparación. Es la confirmación de que, para la clase dominante, los militares y policías pueden masacrar, torturar y desaparecer, siempre que sea en defensa de los intereses de los grandes grupos económicos y del modelo neoliberal. Esta amnistía no solo borra el pasado, sino que legitima la represión presente y futura: es una licencia para matar.
En paralelo, el Perú se encuentra sumido en una crisis de criminalidad sin precedentes, donde las mafias de la extorsión imponen su ley en mercados, en barrios populares y en el transporte urbano. El gobierno, incapaz de garantizar la seguridad de la población, responde con estados de emergencia y militarización de las calles, pero no ataca a las redes de poder que alimentan al crimen organizado: la corrupción en las fuerzas del orden, el lavado de dinero y la connivencia de autoridades con las mafias. El resultado es que los sectores populares quedan atrapados entre dos fuegos: la represión estatal y la violencia del crimen organizado.
Tanto la impunidad militar como la expansión de las mafias son dos caras de un mismo Estado burgués en descomposición. El aparato armado del Estado, representado en una Policía Nacional del Perú que debería “proteger” a la ciudadanía según el discurso oficial, se muestra como una maquinaria de impunidad y violencia contra el pueblo. Y esa misma podredumbre institucional alimenta al crimen organizado, que se aprovecha de la corrupción policial, de la complicidad judicial y de la ausencia de políticas sociales. El mensaje que reciben las masas trabajadoras es el mismo: no hay justicia ni protección, solo abuso, violencia y abandono.
Por eso, frente a quienes presentan estas crisis como problemas separados —“seguridad ciudadana” por un lado, “derechos humanos” por otro—, debemos afirmar que forman parte de un mismo sistema de dominación. La impunidad a los genocidas militares legitima un Estado represivo que no protege al pueblo, mientras que la proliferación del crimen organizado es consecuencia directa de esa descomposición estructural. En ambos casos, la clase trabajadora es la principal víctima: masacrada ayer por el terrorismo de Estado, y extorsionada hoy por el terrorismo de las mafias, bajo la complicidad de las instituciones.
El régimen de Boluarte se sostiene únicamente en la represión. Dina Boluarte es responsable directa de la masacre contra el pueblo, y junto con su Congreso mafioso debe irse ya. Esta democracia burguesa dejó de serlo hace tiempo: no es más que un cascarón vacío al servicio de los grandes empresarios. Ningún maquillaje electoral podrá salvar a este sistema capitalista en descomposición, que sólo ofrece más pobreza, más violencia y más saqueo de nuestros recursos.
La salida no vendrá de más policías, más militares ni de reformas superficiales al sistema judicial. La única respuesta real pasa por la organización de la clase trabajadora, los campesinos, las juventudes y los pueblos originarios para barrer con este régimen corrupto. Es urgente levantar un programa socialista que incluya: juicio y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad, depuración democrática de las fuerzas armadas y policiales, control obrero y popular sobre la seguridad en los barrios y centros de trabajo, y la construcción de un poder alternativo basado en comités de autodefensa y organización comunitaria. Por eso proponemos el llamado a una Asamblea Constituyente, surgida desde abajo, que arroje al basural de la historia la actual Constitución Fujimorista, para que el pueblo en su conjunto discuta democráticamente como se organiza una salida de fondo que comience a dar respuesta a una realidad cada día más dramática.
Pero esta organización no puede limitarse a la resistencia espontánea. Necesitamos dar un salto político: construir una herramienta revolucionaria de la clase trabajadora, un partido que dispute poder al régimen y enfrente a las mafias. Nos quieren convencer de que todos los partidos son iguales para desmovilizarnos, pero es mentira. La única forma de conquistar una sociedad distinta es asumir la militancia y la organización política consciente, sin miedo a disputar el futuro.
Nuestra lucha no termina en el Perú. La crisis que vivimos es parte del colapso del capitalismo en toda América Latina. Por eso, más que nunca, necesitamos levantar un movimiento regional, socialista e internacionalista, que enfrente a las burguesías locales y al imperialismo. Solo con una Latinoamérica unida y socialista podremos conquistar un futuro digno para nuestros pueblos.
Desde Alternativa Socialista Perú, como sección peruana de la Liga Internacional Socialista (LIS), nos sumamos plenamente a esta denuncia y nos comprometemos a impulsar, junto a la clase trabajadora y los pueblos en lucha, una alternativa revolucionaria para poner fin a la impunidad y a la barbarie capitalista. Reafirmamos que la única salida posible es la construcción de un gobierno de trabajadores y trabajadoras que, apoyado en la movilización popular, enfrente tanto a las mafias criminales como a la represión estatal. Convocamos a la juventud combativa, a los sindicatos de base, a los colectivos feministas, a las comunidades campesinas e indígenas y a todos los que se reclaman anticapitalistas a fortalecer una herramienta política socialista, internacionalista y revolucionaria que prepare al pueblo para las batallas decisivas que se avecinan.
¡Alternativa Socialista Perú, por un futuro sin impunidad ni mafias, por el socialismo revolucionario!
¡Juicio y castigo a los genocidas, ni amnistía ni perdón!
¡Fuera Dina Boluarte y su Congreso mafioso!
¡Fuera mafias, fuera corruptos, poder obrero y popular ya!
¡Por una Latinoamérica socialista y revolucionaria!
Por Alternativa Socialista – Perú