El próximo mes traerá una nueva tanda de aumentos en servicios y bienes esenciales que golpeará especialmente a jubilados, trabajadores y familias de bajos recursos. Mientras el gobierno reivindica estas subas como “ajustes técnicos”, en los hechos consolidan un ajuste que erosiona el poder adquisitivo sin que sectores concentrados coticen sus privilegios.
Detalles de los aumentos previstos
- Agua (AySA): suba del 1 % sobre la boleta de agosto. — Según el esquema del coeficiente K.
- Transporte público (AMBA): suba del 3,87 % en el subte (pasaje base: $1.071) y del 3,9 % en colectivos (mínimo: $526–$529).
- Alquileres: incremento anual del 50,3 %, aplicable a contratos bajo la ley anterior del alquiler.
- Combustibles: posible salto del 15 % si se aplican incrementos tributarios postergados; aún no está confirmado.
- Prepagas: incremento mensual entre el 1,68 % y el 1,9 %, promedio menor al 2 %, pero acumulativo en un año con inflación récord.
- Colegios subvencionados: aumentos autorizados del 2,8 % en la Provincia de Buenos Aires y 3,2 % en la Ciudad.
Un combo imposible: ¿justificación técnica o ajuste selectivo?
Aunque cada porcentaje parece modesto por separado, el cóctel de subas en servicios básicos y transporte tiene un impacto acumulativo devastador:
La canasta básica ya se dispara mes a mes y los salarios o jubilaciones no logran acompañar ese ritmo. Cada incremento en estos rubros esenciales significa un golpe directo a la economía de las familias trabajadoras.
A su vez, las subas encombustibles se convierten en una carga doble, elevando los costos de movilidad y de producción, afectando tanto a trabajadores como a pequeñas y medianas empresas.
El panorama se completa con el aumento de los alquileres, que con ajustes superiores al 50 % resultan cada vez más inaccesibles. Para miles de hogares, pagar un techo se transforma en una tarea imposible, sobre todo cuando los ingresos se mantienen estancados frente a una inflación que no cede. El ajuste no es neutral: prioriza la lógica fiscalista del superávit sobre derechos sociales y sostén popular.
los aumentos son una política, no una necesidad
Septiembre seguirá siendo otro mes de retrocesos distributivos. El combo tarifario —agua, transporte, educación, salud, vivienda— refuerza la idea de que el gobierno ajusta por decreto, sin diálogo social ni protección real de los sectores más precarizados.
En paralelo, la élite empresaria permanece impune, y el Estado continúa improvisando con “actualizaciones técnicas” mientras recorta redes de contención social. Ante este escenario, se vuelve imperioso exigir:
- Suspensión de aumentos en servicios básicos y transporte
- Actualización de jubilaciones y salarios por encima de la inflación
- Regulación seria del mercado de alquileres, avanzando contra la vivienda ociosa y la especulación inmobiliaria.