Como lo había pedido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el congreso salvadoreño suprimió el financiamiento del Estado a los partidos políticos para sus campañas electorales, en una medida que fue cuestionada por algunos sectores de la sociedad civil.
La eliminación del artículo 210 de la Carta Magna tuvo 58 votos a favor de los 60 del congreso unicameral. El mismo establecía un financiamiento público para los partidos políticos «encaminado a promover su libertad e independencia».
El congreso está ampliamente dominado por las fuerzas políticas adeptas a Bukele, mientras que el único voto negativo fue perpetrado por uno de los dos diputados opositores de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). El restante fue una abstención de la diputada del conservador partido VAMOS.
De ahora en adelante, la medida legislativa pasará ahora al Poder Ejecutivo, para su respectiva sanción y publicación en el Diario Oficial.
Según un informe de Acción Ciudadana, los partidos políticos salvadoreños han recibido al menos u$s160.4 millones como financiamiento público y privado desde 2014 hasta 2023. El informe de la ONG detalla que u$s75.6 millones de dólares correspondieron a financiamiento público entregado por el Ministerio de Hacienda, mientras que u$s84.7 millones a financiamiento privado, o sea, donaciones de personas naturales o jurídicas.
El pedido de Nayib Bukele
Bukele pidió recientemente a los diputados eliminar ese artículo de la Constitución: «Pues yo sí creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador. Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019. ¿Difícil? sí, fue difícil. ¿Pero no fue mejor así?», había publicado en sus redes sociales.
Asimismo, el mandatario arremetió contra la dirigencia de Arena, que gobernó el país por 20 años (1989 a 2009), luego que la alianza opositora publicara un comunicado de prensa pidiendo a los diputados «votar a favor de mantener la deuda política».
El financiamiento público al que tienen derecho los institutos políticos, según la Ley de Partidos Políticos y la Constitución de la República, se calcula con base en la cantidad de votos que reciben los partidos en cada elección y la inflación respectiva. El precio lo establece la cartera de Hacienda.
En ese sentido, Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana, advirtió: «La eliminación del financiamiento público es otra medida para consolidar y mantener un sistema de partido hegemónico o dominante. La reforma afectará el pluralismo político, ya que la mayoría de los partidos no podrán costear su funcionamiento ordinario, ni sus campañas electorales, disminuyendo sus posibilidades de victoria electoral».
Además, agregó que «deja a los partidos a merced de los financistas privados, quienes podrían incidir en las políticas de estos durante el ejercicio del poder o solicitar favores a cambio de dicho financiamiento».
Por su parte, la abogada y analista Bessy Ríos calificó la decisión como «una posición bastante hipócrita, cómoda y electorera» y afirmó que «es populismo crudo y duro, ya que no se tiene un sistema de estructura institucional y legal que permita controlar a los partidos».