El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó un nuevo revés proveniente de la Justicia de Estados Unidos. Un fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York le ordenó a la administración bonaerense pagar US$124,8 millones a dos fondos que la demandaron por el default de 2020.
Los fondos Glacial Capital y TRSE Holdings le reclaman a la gobernación de Axel Kicillof el pago de US$27 millones. Así nació esta demanda luego de que ambos no adhirieran al canje de deuda provincial impulsado en 2020. De hecho, forman parte del 2% que en ese entonces no aceptaron la propuesta bonaerense.
A propósito de si Kicillof acatará el fallo o no, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ante la consulta de LA NACION, dijeron: “Vamos a seguir trabajando para regularizar en un 100% de forma sostenible la situación de la deuda de una manera acorde al contexto económico provincial actual”.
Esta deuda es un dolor de cabeza para Kicillof. El 14 de mayo de 2020, Buenos Aires entró en un “evento de default” al decidir no pagar un vencimiento de US$115 millones. En ese momento, argumentó que había comenzado a negociar la reestructuración del total de deuda bajo legislación extranjera, que acumulaba US$7148 millones.
Según afirma el Gobierno de Kicillof, solo dos fondos no aceptaron la propuesta de reestructuración de deuda bonaerense: Glacial Capital y TRSE Holdings, que son los que la demandaron. “Desde el inicio de la gestión del Gobernador Axel Kicillof, la provincia viene trabajando de buena fe para regularizar en un 100% la situación”, indicaron.
Sin embargo, ese 2% de acreedores que iniciaron la contienda judicial con la provincia de Buenos Aires acusan a la gobernación de no tener “voluntad política” para acordar. Los fondos tenían tenencias por US$70 millones, que la administración bonaerense fue pagando hasta 2020, cuando inició las negociaciones. Por eso, le reclaman al gobierno un total aproximado de US$27 millones que derivan de los intereses y el capital que la provincia no abonó.
Los bonos que están en el centro de la polémica habían sido emitidos en 2006 y contaban con las cláusulas de acción colectiva (CAC), que tienen el objetivo de “arrastrar” dentro del canje a aquellos que están contra, en el caso de que se alcance un umbral mínimo de aceptación. Pese a esta herramienta, la serie de bonos en cuestión, quedó excluida del canje.
Este expediente tramita bajo las órdenes de la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rearden. En ese mismo fuero judicial también se desempeña la jueza Loretta Preska, quien imparte justicia en el juicio que tiene el país por el caso YPF. En ese expediente, Petersen Energía y Eton Park reclaman una indemnización por US$16.000 millones, más intereses en las demandas por la estatización del 51% de las acciones de la compañía. También Kicillof se encuentra en el centro de esa escena por su función en el Ministerio de Economía.
Además, esta historia posee otro rasgo cíclico. Los fondos que actualmente demandan a la provincia de Buenos Aires tienen como abogado a un viejo conocido de la Argentina, Dennis Hranitzky, quien ayudó en 2014 al fondo Elliot Management Corporation, de Paul Singer (catalogado como “fondo buitre” por el entonces gobierno kirchnerista), en su demanda por el pago de deuda. En esa contienda había pedido la confiscación de la Fragata Libertad en Ghana.
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