Javier Milei se prepara para firmar su tercer veto presidencial. Mientras la oposición presiona con la reforma de la ley 26.122, que establece los requisitos y condiciones que tiene el Ejecutivo cuando dispone de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), el Presidente ya le dejó saber a los suyos que no convalidará la maniobra que se empezó a gestar en las últimas semanas en el Congreso.
“Por supuesto que si sacan la ley la va a vetar”, confirmaron a Clarín altas fuentes de Presidencia que integran la mesa chica de Milei.
En el Gobierno aseguran que la movida opositora, que tiene el apoyo de un amplio espectro político, está dirigida para complicar la hoja de ruta de la administración libertaria, teniendo en cuenta su fragilidad parlamentaria, com 39 diputados y 6 senadores. “Quieren que Javier (Milei) no tenga cómo gobernar, lo único que los moviliza es poner palos en la rueda a un Presidente que llegó hace diez meses”, sostienen. en lo que va de la gestión, Milei firmó unos 40 DNU, pero en el oficialismo consideran que el objetivo es derogar el mega decreto 70/2023.
Anticipándose al intento de la oposición, la Casa Rosada planteó el tema con sus aliados del PRO en la última reunión de coordinación. La particularidad es que en el pasado desde el macrismo hubo varios proyectos presentados para reformar la ley sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner y fue impulsada por Cristina, pero ahora se inclinarían por respaldar a Milei.
Curiosamente, luego de hacer uso de las ventajas de esa ley, Unión por la Patria motoriza los cambios y cuenta con el aval de diputados de los bloques de la UCR, Encuentro Federal y de partidos provinciales. También es un histórico reclamo de la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, que en la contradicción K ve la posibilidad de poner límites a la discrecionalidad con la que supo gobernar el peronismo a través de esa vía.
En ese sentido, en Balcarce 50 reconocen que ideológicamente es una propuesta razonable, que en otro contexto político tal vez no objetarían, pero que “en las condiciones actuales no se puede aceptar”.
“No se entiende que (los opositores) quieran chocar con la pared con un tema tan lejano a la gente: si vetamos el aumento a las jubilaciones y el financiamiento universitario, porque no decían de donde teníamos que sacar para pagarlas, al Presidente mucho menos le va a temblar el pulso para vetar algo que no le cambia la vida a nadie”, argumentan.
“Coincidimos con el espíritu de la ley, pero que esperen al 10 de diciembre de 2025 y con la nueva composición del Congreso, que vamos a tener mayoría, la votamos”, desafían. Por el momento abunda optimismo de cara a las Legislativas.
En el Gobierno remarcan que de aprobarse y no vetar el proyecto se caerían reformas claves como la que Milei hizo de la ley de alquileres, que generó un impacto notorio por una mayor oferta de inmuebles, cambios en materia laboral y en el mercado de la medicina prepaga.
Es que entre las distintas propuestas que se barajan, prevalece la idea de establecer que todos los DNU tengan un plazo de vigencia restringido (el tiempo que se evalúa oscila entre 30 y 90 días) hasta que sean validados por el Congreso y que alcance con el rechazo de una de las cámaras para ser derogados. en la actualidad, un DNU se aplica hasta que es rechazado por ambas y en la Bicameral de Trámite Legislativo pueden ser cajoneados indefinidamente.
Con todo, como contó Clarín, en la mesa chica del Gobierno se delineó la estrategia a seguir y confían en tener el apoyo de Macri. “No se va a sumar a algo que afectaría a la gobernabilidad”, concluyen.