La Cámara Federal confirmó hoy la medida cautelar dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello que la semana pasada intimó al Gobierno a que le presentara “un plan de distribución” de las más de 5000 toneladas de alimentos retenidos en galpones del Ministerio de Capital Humano con la advertencia de que esa distribución debía poder ser de ejecución “inmediata”.
Casanello dictó su fallo el lunes de la semana pasada y el Gobierno lo apeló. Ayer, la Cámara hizo una audiencia con las partes -para escucharlas antes de la decisión que tomó hoy- y en esa reunión Juan Grabois, que es el denunciante, se cruzó con Leila Gianni, la funcionaria de Capital Humano que representaba a la ministra Sandra Pettovello. Fue una audiencia plagada de interrupciones, discursos políticos y cuestionamientos a los camaristas.
En su fallo de hoy, los jueces hicieron un llamado de atención sobre las conductas de los dos y los denunciaron ante el Colegio Público de Abogados -los dos son abogados- y ante el Ministerio de Capital Humano, donde Gianni es secretaria legal.
Los camaristas dispusieron, por mayoría, “el libramiento de oficios con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano de la Nación a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Juan Grabois y Leila Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala”.
El Gobierno había cuestionado la medida del juez Casanello con el argumento de que implicaba una “intromisión” del Poder Judicial dentro de la esfera de actuación del Poder Ejecutivo Nacional. Alegó que es al Ministerio de Capital Humano al que le compete la ejecución de la política de seguridad alimentaria. Gianni, además, había acusado a Casanello de ser un “juez militante” y había dicho que “ningún juez” le iba a decir al Gobierno cuál debía ser su política alimentaria.
El juez Martín Irurzun afirmó, en referencia al fallo de Casanello que confirmaron: “La decisión fue adoptada por un juez penal en el marco de una causa en desarrollo, con lo cual no puede sostenerse -como pretende la recurrente- que estamos en presencia de una intromisión indebida de la justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado: no están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”.
Irurzun advirtió que los alimentos en juego -por su naturaleza y por la crisis alimentaria- “exigieron acciones rápidas para evitar que el devenir procesal del expediente torne imposible su posterior utilización”.
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