El presidente Javier Milei quiere modificar la actual Corte Suprema. No sólo busca cubrir el cargo que dejó Helena Higthon de Nolasco, sino que pese a no haberse producido aún la vacante, ya eligió a alguien que reemplace a Juan Carlos Maqueda, el juez que en diciembre cumplirá 75 años, la edad límite que estipula la Constitución Nacional para que los magistrados se jubilen. Mientras el máximo tribunal sostenía que con la conformación actual podría seguir funcionando. En sus manos los cortesanos tienen decisiones clave para el actual gobierno.
Cuando se consulta en los pasillos del Palacio sobre la posibilidad de que la conformación de la Corte se modifique, es decir, se amplíe como pretendió hacerlo sin éxito, el gobierno de Alberto Fernández, las respuestas son con números.
También, algunos mensajes trascienden: “El único antídoto que tiene la Corte para que nadie con un tipo de autoridad se meta, es no meternos, respetar la división de poderes”. Y así dan por zanjado el debate sobre los candidatos del Poder Ejecutivo para que lleguen al Palacio de calle Talcahuano.
En 2023, con el juicio político de por medio, iniciado por el kirchnerismo en el ámbito del Congreso, “se sacaron diez mil fallos”. El primer mensaje interpuesto es: “Se puede funcionar con cuatro miembros y en los escenarios más adversos”, explicó una fuente judicial a Clarín. Se buscaba evitar la situación actual: una modificación en su integración y que comience la política a negociar sobre esos cargos.
En la actualidad, aún hay radicadas en la Corte 18.000 causas individuales, muchas de esas son miradas con atención por la política.
En medio de la discusión sobre los dos candidatos elegidos por el presidente Milei para que integren el máximo tribunal, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, la actual conformación tiene casos clave para el gobierno de La Libertad Avanza, como también resoluciones sobre el futuro judicial de Cristina Kirchner, hasta el reclamo de Jorge Macri, jefe de la Ciudad de Buenos Aires, por los fondos de la Coparticipación.
Un dato no es menor: antes de octubre la Corte renovará la presidencia que hoy ejercer Horacio Rosatti.
Números bajo la lupa
Hasta tanto se inicie el debate en el Senado, donde el gobierno deberá obtener una mayoría especial (dos tercios del cuerpo deliberativo) para conseguir la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla, la Corte debe pronunciarse sobre un extenso listado de casos sensibles para la dirigencia política.
Después de que el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, opinó que el ámbito de competencia es la Corte, los jueces deben analizar el pedido de inconstitucionalidad de la provincia de La Rioja sobre el mega DNU. Un mensaje es reiterado: “La política debe resolver la discusión en el ámbito del Congreso”, como señaló una fuente judicial sobre este tema.
No es el único planteo al respecto. Sobre recortes aplicados a la Coparticipación Federal, conviven reclamos de las provincias de Buenos Aires, CABA, La Rioja, Misiones y La Pampa. A través de demandas individuales piden que el máximo tribunal obligue a Javier Milei a restituir fondos.
Pero la administración de La Libertad Avanza, también acudió a la Corte, pidió que sea ese el ámbito donde se dirima la discusión con la provincia de Chubut que obtuvo un fallo favorable en la justicia federal que exige que el Gobierno central deje de retener fondos en concepto de una deuda adquirida por la provincia durante la anterior gestión.
Ese fallo fue apelado por la Procuración del Tesoro y se interpuso un per saltum, señalando que la jurisdicción natural de este debate es el máximo tribunal.
El futuro de Cristina Kirchner
Además de los temas que inquietan al Gobierno Nacional, porque en juego hay sumas millonarias de dinero, los cortesanos deben resolver sobre cinco juicios que pesan sobre Cristina Kirchner: Pacto con Irán (la causa que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman), Los Sauces – Hotesur (las empresas familiares investigadas por lavado de dinero), y Dólar Futuro.
La vice presidenta Cristina Kirchner. Foto AP.Hay que recordar que el Procurador Eduardo Casal dijo que la causa conocida como Dólar Futuro, donde se procesó y envió a juicio a Cristina Kirchner por las operaciones financieras, debe realizarse. El jefe de los fiscales señaló que la mejor instancia de defensa es un juicio oral. Ahora, la palabra final la tendrá la Corte.
Este mismo criterio aplicó el jefe de los fiscales en la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas. Sostuvo en un dictamen que el juicio debe realizarse. Cristina Kirchner llegó a la Corte pidiendo la nulidad del juicio oral en la causa en la que fue procesada como jefa de una asociación ilícita.
Los hoteles y la inmobiliaria de la familia Kirchner es otro capítulo abierto en la Corte. Una vez más, la ex vicepresidenta pidió ante el máximo tribunal que esos casos se anulen y el juicio no se efectúe. Son los pedidos más recientes y por el momento “están bajo estudio”, señalan fuentes allegadas al caso.
El dinero que pide Jorge Macri
En una discusión sobre las arcas porteñas y con el calendario a contrarreloj, Jorge Macri también espera una decisión clave para la economía de su gobierno que transita una peligrosa cuenta regresiva: si en abril de este año el Gobierno nacional no recompone el número de la Coparticipación (dejar de girar diariamente 1,4 en vez del 2,95 que ordenó la Corte hace un año y medio), “se va a ver comprometido el dinero”, expresan desde el área de Hacienda.
Jorge Macri le dio unos meses al gobierno de Javier Milei, después de una serie de reuniones en la Casa Rosada para no abrir públicamente una discusión sobre los fondos reclamados y que se insista ante la Corte en el embargo de la suma adeudada. El reloj corre, y ese plazo para no comprometer la economía propia, vence en algunas semanas.
Jorge Macri con Javier Milei y Victoria Villarruel. Foto Marcelo Carroll.“Sin la certeza de que este gobierno va a cumplir, se comprometen las arcas propias”, reiteran con preocupación en la administración porteña. La deuda reclamada, acumulada, es de 437 mil millones de pesos. Corresponde al goteo diario que ingresa por Coparticipación, debería ser el 2,95% lo que se envía y la Ciudad recibe el 1,4%.
La Corte Suprema tiene otro tema al respecto bajo análisis, que es el fondo del caso. Es el reclamo del Gobierno porteño por la restitución del 3,5% que Alberto Fernández en septiembre de 2020 recortó a 1,4%.