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El Senado aprobó la primera ley del año y actualizó la norma sobre lavado de activos

El Senado aprobó este jueves su primer proyecto del año al convertir en ley una propuesta de actualización de la legislación sobre la prevención y represión del lavado de activos, al tiempo que habilitó la salida del país del presidente Javier Milei y aceptó el pedido de retiro de un paquete de pliegos de jueces y fiscales que habían quedado de la gestión de Alberto Fernández.

Más allá de la atención que generaba el tratamiento del mega DNU de desregulación de la economía, la Cámara alta pudo salir de la sequía al aprobar el proyecto que actualiza la legislación contra el lavado de activos presentado en 2022 y que tenía la media sanción de Diputados desde abril del año pasado.

Esta modificación formó parte de un entendimiento que firmó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y también prevé las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Durante el debate, Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) defendió la iniciativa al remarcar que la Argentina cumple así con «los compromisos internacionales», pero también señaló que es «un tema que está en boga sobre todo con lo que sucede en Santa Fe» con la violencia narco.

Por su parte, el kirchnerista Oscar Parrilli avaló la propuesta al reconocer que en la crisis que existe en Rosario, «el problema no son los chicos que venden la droga, primero son los que compran, y segundo es el lavado de dinero del cual nunca se investigó nada».

En tanto, Maximiliano Abad (UCR) también vinculó este proyecto con la violencia narco en Rosario. “Para hacerle frente a la expansión del narcotráfico, y a la violencia que azota a Rosario, el Estado debe asumir un rol protagónico para cortar el flujo de dinero del crimen organizado”, dijo.

La reforma declara a la Unidad de Investigación Financiera como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional», que funcionará en  jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia.

Además se aumenta la penalización fijada en el Código Penal llevándola de los $ 300 mil a $ 8.600.000 y se implementa una unidad de medida (Salario Mínimo, Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica. Y se incorpora un nuevo tipo penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Retiraron los pliegos de jueces afines al kirchnerismo

Además, durante la sesión presidida por Victoria Villarruel, también se aprobó el retiro de los pliegos de jueces, fiscales y defensores que fueron enviados durante el gobierno de Alberto Fernández, entre los que estaban funcionarios con vínculos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el senador Eduardo «Wado» de Pedro.

En tanto, el oficialismo consiguió que se dé giro a la comisión de Acuerdos del pedido del Gobierno para designar por cinco años más al juez Carlos Manuel Grecco, miembro de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que el próximo 30 de marzo cumplirá 80 años superando la edad jubilatoria. Lo curioso es que el magistrado es uno de los jueces que intervino durante la feria de enero en las demandas contra el mega DNU.

También ingresó el pedido de acuerdo para designar a  Juan Ernesto Curutchet como director del Banco Central. Vale aclarar que el funcionario ya fue designado en comisión por un decreto presidencial.

En este marco, el Gobierno consiguió que el Senado apruebe por amplía mayoría los acuerdos con Turquía y China para la eliminación de la doble imposición tributaria. Mientras que con lo justo -36 votos a favor contra 35 en contra- también se avaló el acuerdo para la promoción y protección de las inversiones con los Emiratos Árabes.

Esta última propuesta fue resistida por el peronismo y los dos senadores de Santa Cruz que responden al gobernador Claudio  Vidal, quienes rechazaron hasta la autorización para que el presidente salga del país.

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