Alberto Fernández sumó este martes una nueva imputación a raíz de la denuncia que radicó la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, por el escándalo vinculado a los sospechados negociados en la Anses con la contratación de seguros y las millonarias comisiones que se pagaron a intermediarios cercanos al ex presidente.
En el dictamen al que accedió Clarín, el fiscal federal Ramiro González sostuvo que ante «el estado en que se encuentra el presente proceso» resolvió iimputar a Federico D´Angelo, ex Director General de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES), Alberto Fernández (ex Presidente de la Nación), Alberto Pagliano (ex titular de Nación Seguros), el responsable de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros SA y el responsable de TG Broker S.A».
La denuncia se radicó por el delito de asociación ilícita y defraudación al Estado.
Según consta en el dictamen del fiscal que consideró que hay elementos suficientes para iniciar la investigación penal, consta que ante la maniobra revelada por Clarín se estaría ante un «perjuicio al Estado Nacional por comisiones, costos de intermediación en pólizas de seguros contratadas con Nación Seguros S.A. en el marco de la operatoria ‘Créditos ANSES’ (Fondo de Garantía de Sustentabilidad)”.
Desde el Gobierno actual señalaron que la ANSES contrató «coberturas de seguros con Nación Seguros utilizando iintermediarios injustificados y abonando comisiones en perjuicio del erario público».
La designación de los brokers
El gobierno nacional denunció que el 22 de mayo de 2023 D’Angelo Campos -ex Director General de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES)- dispuso «designar a San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. en carácter de organizador y a TG Broker S.A. en carácter de productor asesor de seguros, para intervenir en los contratos de seguros mencionados ‘Seguros de vida colectivo de saldo deudor’ del Fondo de Garantía de Sustentabilidad)”.
El Poder Ejecutivo indicó que esto se realizó sin que la justificación de la decisión se encuentre volcada en algún expediente administrativo y tampoco se dio curso a través del sistema de gestión documental que la ANSES obliga a utilizar.
Lo que pidió investigar Sandra Pettovello es el hecho de que los imputados, alegando una supuesta «falta de costo» para el Estado, «arbitrariamente y sin licitación previa o compulsa entre empresas del ramo usaron sociedades para lucrar con los contratos de Nación Seguros S.A».
Dentro de las irregularidades expuestas por el Poder Ejecutivo, se sostuvo que en la primera póliza de cobertura de estos riesgos emitida, Nación Seguros aparece asumiendo el riesgo junto a otras aseguradoras privadas (coseguro), de «disímil capacidad económico/financiera».
Las pólizas oportunamente remitidas a la ANSES, sostiene la denuncia, no obtuvieron ninguna revisión por parte del área competente, respecto a la participación de las aseguradoras incluidas ni su porcentaje de participación. Justamente, los porcentajes por comisiones que obtenían las aseguradoras es otro de los ítems bajo investigación.
La ministra de Capital Humano remarcó en la denuncia que “cada vez que el organismo le otorgaba un préstamo a un jubilado o beneficiario de alguno de los mencionados planes sociales, debía contratar un seguro de vida para esa persona y solamente podía hacerlo a través de esta compañía estatal”.
Las maniobras denunciadas se refieren a «un universo de prima pura pagada por ANSES a Nación Seguros entre marzo de 2022 y octubre de 2023 que asciende a casi 10.000 millones de pesos nominales. Esta información surgió de un informe técnico de la nueva gestión de la ANSES, a partir de la cual se resolvió no renovar la operatoria oportunamente aprobada por el Convenio Interadministrativo aludido”.
Medidas de prueba
Entre las medidas de prueba que solicitó el fiscal Ramiro González se encuentra un pedido de declaración testimonial del ahora ex titular de la ANSES Osvaldo Giordano, «para que diga cuanto supiera de los hechos investigados».
Bajo esta misma línea, se requirió un peritaje con el objeto de «determinar el perjuicio patrimonial, consistente en la variable entre el régimen anterior al decreto 823/2021 y la operatoria de contratación a través de un broker de seguros denunciado».
Sobre los brokers, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió al registro de proveedores del Estado que informe si San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros y TG Broker se encuentran inscriptos.
Una vez obtenida esa información, se solicitó que se compulse en los registros públicos correspondientes si ambos intermediarios «se encuentran debidamente registrados y la fecha de ello; como así también el cambio de denominación o variante alguna».