La Sala III del Tribunal de Casación Penal confirmó las condenas contra Juan Alberto García Tonzo por homicidio agravado, tentativa de homicidio y exceso de legítima defensa, pero ordenó revisar la pena de 21 años al eliminar tres agravantes. La fiscal apeló y los padres de la víctima reclaman 33 años.
El caso por el crimen de Bastian Escalante, el niño asesinado por un policía en julio de 2024 en la localidad bonaerense de Wilde, tuvo un revés judicial en las últimas horas: la Sala III del Tribunal de Casación Penal ratificó los delitos por los que fue condenado el efectivo Juan Alberto García Tonzo, pero pidió que se revea la pena de 21 años de prisión.
El 8 de octubre de 2025, en una audiencia de cesura, la jueza María Angélica Sayago del Castillo sentenció a García Tonzo a 21 años de prisión y 10 años de inhabilitación por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma, tentativa de homicidio agravado con uso de arma y exceso de la legítima defensa.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la defensa del agente apeló la sentencia y la Sala III del Tribunal de Casación Penal, a cargo de los jueces Víctor Horacio Violini y María Florencia Budiño, decidió revocar parcialmente el fallo dictado por Sayago del Castillo.
«Si bien ratificaron los delitos por los que había sido condenado, pidieron que se revean los 21 años que le otorgó la magistrada al eliminar tres agravantes», indicaron fuentes del caso a NA.
Uno de los agravantes eliminados es la muerte del menor. La Sala sostuvo que no constituye un agravante porque el fallecimiento de Bastian es lo que llevó a la condena.
En segundo lugar, se excluyó la conducta del policía posterior al hecho: no haber asistido al niño, no mostrar arrepentimiento y querer ensuciar la zona del hecho. Casación sostiene que solo se debe valorar lo que pasó y no la conducta posterior.
Por último, se quitó el uso abusivo del arma reglamentaria. La Sala afirma que el agravante fue su condición de funcionario público, por lo que agregar el uso del arma resulta redundante.
La fiscal del caso, Mariela Montero, apeló la resolución de Casación y remarcó que pedirá nuevamente la pena de 21 años.
Tras la resolución de los jueces Violini y Budiño, los padres de la víctima se reunieron con su abogado Matías Morla para definir los pasos a seguir para evitar que se reduzca la pena a García Tonzo.
«Obviamente que no estamos de acuerdo con el fallo de Casación. Sí avalamos que mantenga la pena por la que se lo condenó a García Tonzo como también la de no hacer lugar a un nuevo juicio. Pero no estamos para nada de acuerdo en rever la cantidad de años. Nosotros vamos a seguir pidiendo el máximo de la pena para los delitos por los que fue condenado, es decir 33 años», expuso Morla.
El abogado reforzó que en el juicio, y tal como lo confirma la Sala, «quedó confirmado que disparó sin medir las consecuencias, que jamás tomó en cuenta el lugar donde estaba, que su vida no estuvo en peligro y sobre todo que no hizo nada una vez cometido el hecho».
«Destaco la valentía de la fiscal, ya que ella también acompaña nuestro reclamo y juntos seguiremos luchando para que García Tonzo cumpla con los años que le dio la jueza», manifestó.
Morla sostuvo que el crimen de Bastian provocó un «daño generado» a su entorno, no solo por el dolor del asesinato, sino porque la mamá nunca más pudo trabajar al continuar con tratamiento psiquiátrico y el papá tuvo reiterados ataques de pánico: «La familia se rompió y nunca más será la misma».
En el cierre, afirmó que «los agravantes de García Tonzo están probados: primero por ser funcionario público, además porque quien murió es un menor y lo más grave de todo es que nunca se arrepintió, jamás habló con la familia de Bastian y apenas cometido el hecho ni siquiera fue capaz de acercarse a la mamá para ayudarla».