El Ejecutivo envió a Diputados un proyecto de 7,3 billones de pesos, mientras el Consejo Interuniversitario Nacional estimó que se necesitan 11 billones para el funcionamiento de las 60 universidades públicas. El conflicto también se debate en la Justicia por el cumplimiento de la ley de financiamiento.
El Gobierno nacional y los rectores de universidades públicas mantienen un desacuerdo en torno al presupuesto para 2027. El Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto que asigna 7,3 billones de pesos, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó que se requieren 11 billones para garantizar el funcionamiento de las 60 casas de altos estudios.
La diferencia se centra en la interpretación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), refrendada por el Congreso tras un veto presidencial. Una cautelar del juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick ordenó al Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la norma. El Gobierno sostiene que esa medida solo autorizó ajustes en becas y salarios, mientras los rectores afirman que se dilata su cumplimiento mediante presentaciones judiciales.
Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, declaró: «Esperamos que avance la sentencia por la cuestión de fondo de nuestro reclamo. Hace unos días presentamos un pronto despacho al juez porque la cautelar está firme y no se cumple».
El Ejecutivo, por su parte, afirmó que los números que está pagando están en camino de cumplir la ley, basándose en el acuerdo paritario de junio que otorgó un 21,3% de aumento más un 3% en octubre. Las universidades sostienen que aún se adeuda un 31,2% de recomposición.
En la presentación del CIN en el Congreso este miércoles, las autoridades universitarias difundieron su propuesta presupuestaria para las 60 universidades públicas. El cálculo de 11 billones incluye salarios docentes y no docentes (90% del total), funcionamiento, infraestructura, ciencia y tecnología, becas y hospitales. Bartolacci advirtió: «Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, que sea revisado y actualizado, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene».
Desde el Gobierno aseguraron que las diferencias se producen porque «hay rectores que actúan como sindicalistas o influidos por la izquierda» y que el funcionamiento de las universidades está garantizado el año próximo. «Acá el diferendo es salarial, un rubro que se lleva casi el 90% del presupuesto, porque garantizamos un 20% de aumento en funcionamiento», remarcaron.
La puja también se registra en sede judicial. Los rectores reclaman mayor celeridad al juez Cormick, quien el 1 de septiembre denegó el pedido del Gobierno de levantar la cautelar. La Corte Suprema dejó firme la cautelar el 25 de junio. Los rectores han presentado escritos para que se impongan multas a los funcionarios y se intime causa penal por desobediencia.
El proyecto oficial incluye la cautelar más una inflación proyectada del 18%, según el Gobierno, en el ítem «refuerzo fortalecimiento de recursos humanos». Además, aclararon que el rubro hospitales tiene un tope para la UBA y pidieron al resto de los hospitales universitarios de provincias que rindan los gastos.